¿Cuánta sangre más?

Pedro Matías y Rosalía Vergara
Proceso
30 de octubre de 2006

La violenta jornada del viernes 27 evidenció el desbordamiento del conflicto en Oaxaca. Sean cuales fueran las estrategias de los antagonistas, ya fueron rebasadas por la muerte de más integrantes del magisterio y de la APPO, así como por la exigencia de Washington de poner orden en el estado tras el asesinato de un ciudadano estadunidense. O como dijo el líder Flavio Sosa poco antes de que sonaran los balazos: “Tiene que llover fuerte para borrar tanto agravio”.

OAXACA, OAX.- Mientras el embajador de Estados Uni-dos en México, Antonio O. Garza, deploraba el asesinato en esta ciudad del periodista Bradley Will –su “muerte sin sentido, dijo, destaca la necesidad de que se retorne al imperio de la ley y el orden” en la entidad–, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) reportó que en las balaceras del viernes 27 en la capital del estado falleció también el maestro del sector D-III-34 de Candelaria Loxicha, Emilio Alonso Fabián.
Y en tanto que el asesinato de Bradley, quien formaba parte del centro de prensa independiente Indymedia Nueva York, acaparó los titulares de las páginas noticiosas en internet y en los programas informativos de radio y televisión por tratarse de un comunicador estadunidense, los integrantes del movimiento reportaron más de 16 heridos, un desaparecido y tres profesores secuestrados. El gobierno estatal reconoció tres muertes.
Al desbordarse la violencia en Oaxaca, el presidente Vicente Fox decidió no irse a descansar, como cada fin de semana, a su rancho San Cristóbal, y se reunió “de emergencia” con su gabinete de seguridad en Los Pinos.
De acuerdo con la APPO, durante el día que realizaron su llamado paro nacional hubo al menos 15 balaceras en diversos puntos de la capital del estado, cuyo centro está prácticamente sitiado.
Enrique Rueda Pacheco, dirigente de la Sección 22 del magisterio, se dio por enterado de los sangrientos hechos al salir de una reunión con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, a quien le pidió medidas de seguridad para el regreso a clases, el pago de salarios caídos y que se retiren las órdenes de aprehensión contra los profesores que participaron en los bloqueos.
Esa misma noche, Rueda lamentó la violencia en la capital del estado y sostuvo que los maestros seguirán privilegiando la vía política.
En contraparte, el delegado magisterial Rafael Rodríguez Enríquez, quien fuera preso político por supuestos vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), había anticipado que aun si la Sección 22 regresaba a clases en días próximos, el movimiento proseguiría en las comunidades del estado porque ya rebasó la mera postura reivindicatoria de demandas salariales de los maestros y se ha convertido en un programa de largo plazo contra los rezagos sociales.
“Los maestros somos 70 mil, que estamos en 14 mil escuelas. Eso significa la penetración en las diferentes comunidades de los 570 municipios. Es un enorme ejército político que puede desarrollar un trabajo de construcción en las comunidades, en cada escuela, en cada barrio, en cada colonia”, afirmaba poco antes de que se desataran las balaceras.
Y añadió que, si bien durante los cinco meses del conflicto la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha sido la columna vertebral de la APPO, el regreso a clases sólo replantearía las formas de lucha en las comunidades.
Lo aclaró porque algunos sectores de la APPO veían la vuelta a las aulas como una traición, pero ahora, dijo, “corresponde a otros actores de la sociedad cumplir esa etapa, durante la oxigenación del magisterio. Es la necesidad de reorganización misma”.
En Oaxaca, señaló Rodríguez, existe “un movimiento similar al de Bolivia”, donde la marginación social de los indígenas rebasó los límites y estalló la lucha social. Por lo tanto, sostuvo, la APPO “tiene que organizar y canalizar debidamente el hartazgo” para que el pueblo oaxaqueño se organice y fortalezca la organización.
Y reconoció debilidades: “No tenemos armas de fuego; a lo mucho tenemos bazucas hechizas. Entonces, ¡qué mejor forma de responder a las balas que la organización misma!”
“Si la APPO revalora la necesidad de construcción política, social y comunitaria, va a tener futuro y puede convertirse en una instancia representativa del pueblo oaxaqueño”, indicó.
Coincidía con él Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la APPO: “Suponiendo que los maestros regresen a clases –lo que está en duda por la violencia del viernes 27–, nadie asegura que el movimiento va a terminar. Los maestros pueden fortalecerse desde las comunidades y levantarse mucho más. Puede trasladarse el movimiento a las regiones y ahí ya nadie va a parar la violencia”.
A punto de tocarse
Desde el punto de vista del delegado magisterial Rodríguez Enríquez, el movimiento social de Oaxaca está enmarcado en la lucha política nacional, y así deberá seguir para dar pie a la lucha legislativa por las causas campesina e indígena.
No obstante, explicó por qué la APPO no puede condenar la lucha armada: “Hemos visto manifestaciones de diferentes grupos armados, comunicados del EPR, FARP, Tendencia Democrática Revolucionaria –que aglutina a diferentes organizaciones y núcleos guerrilleros–, manifestaciones del EZLN, y del ERPI. Hemos visto un sinfín de manifestaciones de apoyo (al movimiento social, provenientes) del movimiento armado”.
Sin embargo, reconoció que las vías políticas y las armadas no han confluido: “Se pueden cruzar en el momento en que el gobierno intente reprimirnos y desalojarnos, y es peligroso que se crucen. La APPO con sus diferentes barricadas va a responder al nivel de autodefensa, con bazucas hechizas, bombas molotov, y ellos con armas. Puede haber muertos, desaparecidos y presos. Es ahí donde le corresponde al movimiento armado responder o quedarse tranquilo”.
Los integrantes de la APPO, reiteró el profesor Rodríguez poco antes de la violenta jornada del viernes, “no estamos preparados para la lucha armada, pues no es un asunto de aventuras, ilusiones o buenas voluntades. El movimiento armado tiene otra tendencia, otra formación”. Por lo pronto, enfatizó “tiene que haber respeto” y se debe agotar la lucha política.
En ese mismo tenor, la semana pasada el investigador del Colegio de Postgraduados de la Universidad de Chapingo y coordinador del Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos, Gildardo Espinosa Sánchez, anunció que se instalaron 26 campamentos en apoyo a la APPO en igual número de entidades.
Y advirtió que si el gobierno federal optaba por la represión, corría el riesgo de que los 17 grupos guerrilleros que existen en el país entraran en acción y sobreviniera una etapa muy cruenta.
Revuelta mayor
El analista más agudo se va a quedar corto respecto de lo que en realidad va a pasar en Oaxaca, decía convencido Flavio Sosa. Su seguridad de que se trataba de una revuelta social de gran alcance se fundamentaba en que “se está cuestionando todo: el papel de los medios de comunicación, los liderazgos, las formas de participación social, la forma de hacer protestas y el régimen de partidos”.
Aunque el gobierno le apueste a que la APPO se quedará sola y a que Ulises Ruiz seguirá gobernando el estado, aunque sea por poco tiempo, Oaxaca sí se está transformando, afirmó Sosa.
“Los gobernantes no ponen los pies en la tierra, no saben leer lo que está pasando en la calle, y es difícil de entender porque lo que está pasando en Oaxaca es inédito”, explicó.
Por ello veía en el futuro inmediato una “amenaza de tormenta”. Y prolongó la metáfora: “Debe llover fuerte para borrar tanto agravio”.
En su opinión, las puertas de solución política al conflicto se fueron cerrando poco a poco y, hablando en plata, sólo iba a favorecer a un grupo político, a un “régimen de complicidades”, lo que irremediablemente desencadenaría futuras movilizaciones populares.
De hecho, Sosa preveía que el movimiento popular en Oaxaca podría ser el factor que acercara a La otra campaña del EZLN con la Convención Nacional Indígena (CNI) “y que pudiera ser un movimiento que jalonee a este movimiento social para impactar a nivel nacional e internacional”.
Insistía, desde entonces, el líder de la APPO: “Hay sectores de la sociedad que están radicalizados. Son los sectores excluidos o considerados desechables por el sistema, jóvenes en su mayoría”, quienes junto con amas de casa y personas de la tercera edad andan cuidando barricadas o participan de los enfrentamientos con los paramilitares o, como dicen los noticieros, los “civiles armados”.
“Hay una gran interrogante. Puede ser que regresen a clases, venga la represión selectiva y se inaugure una nueva etapa de guerra sucia en el estado, o represión contra líderes y que el movimiento quede severamente lastimado, lo que podría traer secuelas de violencia ciega y sorda durante muchos años, con lo que va a construirse un escenario similar al de Guerrero”, planteó el líder.
Y advirtió una vez más: están dividiendo a los oaxaqueños y eso es “jugar con fuego”.
La chispa
Pudo ser apenas la chispa inicial, pese a los anteriores hechos de violencia que también dejaron muertes. El viernes 27 se registraron 15 balaceras en algunas de las mil 800 barricadas que se instalaron en Oaxaca como parte del paro nacional, a partir del ultimátum para la salida de Ulises Ruiz del gobierno del estado.
A las 13:00 horas comenzó a disparar un grupo formado por Avel Santiago Zárate, regidor de seguridad pública, y Manuel Aguilar, primo del diputado priista David Aguilar Robles –quien antes encabezó la toma del periódico Noticias–, además de un policía conocido como El Chapulín. Todo ello, según la APPO, con la complacencia del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Manuel Martínez Feria.
El ataque en Santa María Coyotepec lo encabezaron Jorge Pablo Jiménez, regidor de educación del ayuntamiento de la ciudad, y Carlos León Zurita, secretario de salud, añadió la organización.
Los enfrentamientos se produjeron frente a edificios emblemáticos: la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Casa de Gobierno. Pero también se disparó en algunas de las barricadas que se instalaron desde la madrugada del viernes. Los enfrentamientos duraron horas y fueron simultáneos.
Pese a las bajas registradas, la APPO trató de impedir que alrededor de 40 atacantes armados salieran del área de los enfrentamientos. “Aquí no hay miedo, hay coraje y a ellos (los priistas) se les tienen que acabar sus balas; entonces responderemos”, gritaban activistas mientras preparaban bombas caseras.
Según información de la APPO, uno de los puntos críticos fue Santa Lucía del Camino. Ahí murió Bradley Hill y resultaron heridos Oswaldo Ramírez (fotógrafo del diario Milenio), Saúl Díaz, Jorge Hernández Hernández y el profesor Juan Andrés Robles Juárez.
Así mismo, en Santa María Coyotepec se realizó un intento de desalojo, durante el cual se dijo que murió el maestro Emilio Alonso Fabián y que tres profesores fueron secuestrados. En La Experimental, otra balacera dejó seis heridos, entre ellos Martín Olivera.
Alrededor de las 10 de la mañana, después de un tiroteo supuestos policías se llevaron al hojalatero Gerardo Sánchez. Posteriormente apareció preso en Tlaco-lula. Casi al mismo tiempo, se denunció un incendio provocado en la dirección de la Facultad de Derecho, que sólo dejó daños materiales.
En San Bartolo, donde el profesor Este-ban Zurita López fue asesinado de un balazo, el escenario también era confuso. Su cuerpo yacía a media calle, entre barricadas y tráileres atravesados; pero eso no paró la reyerta. De cuando en cuando, algunos motociclistas conducían hasta un punto entre los priistas y la APPO y gritaban: “¡Están disparando, están disparando!”, y la gente corría.
También se bloquearon carreteras en Matías Romero, Boca del Monte, Tuxte-pec, Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional, Nochixtlán, Huajuapan de León y Puxme-tacán.
Los tres fallecidos del viernes se sumaron a los 11 que ha cobrado el conflicto en el estado.
Ante la jornada de violencia, el aún gobernador Ulises Ruiz salió en helicóptero desde San Felipe del Agua hacia la Ciudad de México. Posteriormente, en un comunicado oficial y en entrevistas con medios de comunicación, principalmente radiofónicos, Ruiz culpó a la APPO de los enfrentamientos y de las muertes.
Responsabilizó específicamente a Fla-vio Sosa “de los hechos irracionales y violentos” del viernes. Dio sus cifras, y en todos los casos de asesinatos con arma de fuego citó a supuestos testigos de que los autores de los disparos eran integrantes de la APPO.
Ahora se dice que este sería el ambiente propicio para la intervención de la fuerza pública y que el Ejército Mexicano se encuentra en máxima alerta. Del otro lado, jóvenes con armas de fabricación casera reforzaron las barricadas. La más grande de ellas está en Brenamiel y es famosa porque sus activistas siempre están presentes en las brigadas móviles, en los enfrentamientos y en la toma de oficinas.
Las fogatas volvieron a iluminar las barricadas. A uno y otro lado de ellas, se perciben el miedo y la certeza de que el conflicto está lejos de haber terminado.