DESDE PROCESO...

La historia sin fin
Enrique Semo

Nota original:

OAXACA, OAX.- 2 de noviembre, Día de Muertos. 14 en total, desde que se inició el movimiento, y el conflicto está lejos de haber terminado. Las fuerzas sumadas de la PFP, las policías locales y otros destacamentos no controlan aún la capital, que sigue parcialmente inmovilizada. Tomadas las barricadas en el Centro Histórico, persisten en la mayor parte de la ciudad, rodeando a las fuerzas de ocupación. El pueblo no se rinde, ni olvida: en cada esquina, una ofrenda. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sigue en pie de lucha. Condiciona su retorno al diálogo. Llama a sus seguidores a mantener posiciones y examina la posibilidad de convocar a una gran manifestación para el próximo domingo. Después de seis meses de luchas, todo indica que una larga espiral de represión, terquedad priista y duras negociaciones esperan a los ciudadanos de Oaxaca, sea cual sea su posición sobre el conflicto.

Oaxaca no es una excepción. Desde que el PRI se consolidó en el poder en 1928, la política mexicana ha sido una combinación de orden constitucional y protestas populares que se expresan por vías extraparlamentarias y extrainstitucionales. Casi siempre, estos movimientos desembocan en la represión y en un paquete de concesiones que no afectan al sistema. Su efecto acumulado influye profundamente en la marcha de la historia.

El primer sexenio del PAN no ha alterado en nada esa ley de hierro: Atenco, las acciones campesinas de enero y febrero de 2003, el movimiento minero con los dos muertos en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, la respuesta masiva al intento de desafuero, la resistencia civil pacífica contra el fraude del 2 de julio, que desemboca en la creación de La Convención, y finalmente Oaxaca. Pruebas suficientes de la solidez de un modus operandi secular. ¿Por qué recurren los sectores populares a la manifestación, la resistencia civil, la rebelión para plantear sus demandas? Porque no existen en el Estado los canales necesarios para que lo hagan por la vía del derecho.

El estado de derecho moderno sólo puede construirse partiendo de la premisa de que el ordenamiento jurídico y la red de instituciones que lo sustentan deben representar los diferentes intereses existentes en la sociedad civil y permitirle mediar eficazmente entre ellos. Esto exige promover un desarrollo económico que beneficie en una u otra medida a todos esos sectores; elaborar modelos de participación que incluyan a las clases subalternas y adoptar medidas administrativas de integración social que ayuden a socavar los muros que los separan. Siguiendo a Tocqueville, democracia política y democracia social están unidas por mil lazos invisibles. Mientras esas condiciones no se cumplan, el estado de derecho no puede funcionar. El Estado mexicano no cumple ni en forma mínima con esos requisitos. Por eso es un Estado premoderno y excluyente. Sectores mayoritarios de la sociedad son económicamente marginados, social y jurídicamente excluidos. ¿Cómo pueden recurrir a la ley y las instituciones para promover sus intereses? Para plantear sus demandas, sólo quedan la calle, la resistencia civil, la protesta.

Los progresistas de los países en los cuales funciona razonablemente el estado de derecho han visto en los sucesos de Oaxaca un atentado a los derechos humanos. Sus gobiernos detectan inestabilidad política, y los empresarios, causas para reevaluar el “riesgo-país” de México. Los primeros protestan en embajadas y consulados en el extranjero; los segundos alertan al gobierno mexicano y llaman a sus ciudadanos a no visitar este país, y los terceros pueden reconsiderar sus inversiones futuras. Así sucede en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania.

En cambio, el gobierno mexicano y los poderes informales que rigen al país ven en el caso de Oaxaca un episodio normal. Para la Presidencia de la República, la violencia en Oaxaca no ha manchado la imagen del país y en el estado sureño reina una “situación de paz y tranquilidad sólo interrumpida en algunas zonas de la capital”.

Alguien puede pensar que mienten. Yo estoy convencido de que esta es su forma real de ver las cosas. ¿Para qué preocuparse? La normalidad del sistema político mexicano incluye la sucesión de explosiones populares frecuentes, más o menos violentas o extendidas, asimiladas por la vía de la represión/concesión. Los estallidos populares son previsibles y no alteran la “paz y la tranquilidad” de los círculos dominantes porque no afectan significativamente sus privilegios. Para ellos son un mal necesario y endémico del que no vale la pena ocuparse mientras no toque las fibras vitales del sistema. En cuanto a las voces del extranjero, hay que calmarlas, pero sus exigencias no pueden ser atendidas porque aquí las cosas son diferentes.

El argumento foxista de la defensa del estado de derecho es una amenaza vana, porque éste no existe. Lo que tenemos es una reliquia premoderna. En México el estado de derecho sólo puede surgir de una cadena de reformas profundas y sostenidas que adapten la vetusta estructura actual a la situación real de una sociedad civil de principios del siglo XXI. Y el gobierno de Fox nada ha contribuido a ello.

Los enemigos verdaderos del estado de derecho son la tupida red de privilegios que benefician a los poderes informales, la corrupción del sistema administrativo, los vicios de los procesos electorales. Son también la creciente desigualdad económica, la ilegalización del 44% de la fuerza de trabajo arrojada al sector informal, la desintegración social, causada por la falta de oportunidades de empleo, de educación y de vivienda, así como por la masiva emigración forzada. Son, por fin, la impunidad del crimen organizado y la desigualdad del desarrollo regional que arroja a Oaxaca al último lugar de la escala nacional. Sólo puede haber estado de derecho si el Estado renueva su orden jurídico, crea instituciones e implementa políticas que permitan incluir a todos los ciudadanos, moderar las contradicciones y mitigar los desastres. Mientras no suceda así, contra él se lanzarán los excluidos, los discriminados y los marginados, recurriendo a la manifestación, la resistencia civil y la rebelión. Cuando se clama en defensa del estado de derecho hay que dirigir la mirada y levantar el dedo índice a los gobiernos neoconservadores y los poderes fácticos, no a los movimientos sociales de protesta. ¿Qué canales legales le ofrece a la mayoría de los oaxaqueños el sistema político actual para derrotar la pobreza extrema, el atraso de la educación, la persistencia de los cacicazgos, el fraude electoral, la discriminación étnica y la represión?