DESDE PROCESO...

Descontento militar

Jorge Carrasco Araizaga

Nota original:

En el marco de la crisis que afecta a Oaxaca, expertos en cuestiones militares advierten a Proceso que en el sector circulan diversas preocupaciones e inconformidades. Una, que el presidente Vicente Fox deterioró la imagen de neutralidad de las Fuerzas Armadas, en casos como el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el “estado de sitio” al Palacio Legislativo de San Lázaro; otra, que la cuestionada legitimidad de Felipe Calderón como presidente electo coloca a la institución armada en medio de dos bandos que le reclaman lealtad.

La presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública de México va en ascenso. Al contrario de otros países, donde la democratización llevó a un repliegue de la milicia, el desinterés del gobierno de Vicente Fox por la agenda castrense y la cuestionada legitimidad de Felipe Calderón como presidente electo tienen a los militares cada vez más expuestos a la coyuntura política, señalan expertos consultados por Proceso.

Desde hace años, dicen, el Ejército interviene en tareas contra el narcotráfico y la inseguridad, pero durante el foxismo un general participó, a la cabeza de la PGR, en el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador; el Estado Mayor Presidencial reforzó la vigilancia de Felipe Calderón por el conflicto poselectoral; fuerzas castrenses intervinieron en el control del Palacio Legislativo de San Lázaro, y ahora existe la preocupación ante la posibilidad de que emprendan acciones militares por la incapacidad de la clase política para detener el escalamiento de los conflictos.

Tales son las mayores inquietudes expresadas por especialistas que participan en la formación académica de oficiales del Ejército y la Marina, e inclusive comentan que, tras las elecciones del 2 de julio, las partes confrontadas reclaman para sí la lealtad de las Fuerzas Armadas, colocándolas en la disputa política y poniendo en riesgo su neutralidad.

Mónica Serrano, profesora e investigadora del Colegio de México y maestra en el Colegio de Defensa de la Sedena, expresa que la llegada de Fox a la Presidencia no se tradujo siquiera en un intento de “avanzar en el control civil de las Fuerzas Armadas, esencial en una transición democrática”.

Al contrario, aumentaron su presencia en ciertos ámbitos y, durante buena parte del sexenio, controlaron la Procuraduría General de la República, donde, a instancias del presidente Fox, el general retirado Rafael Macedo de la Concha condujo el proceso de desafuero contra López Obrador, afirma la también investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford.

La gran paradoja, agrega, fue que el margen de prerrogativas de los militares se amplió con la llegada formal de la democracia, pues, por ejemplo, “nunca habíamos tenido a un procurador militar como responsable de administrar y procurar justicia a los civiles”.

Así mismo, el intento de desafuero desembocó en una intervención directa del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, quien tuvo que salir al paso de las extendidas versiones sobre la inconformidad en un sector del Ejército por la manera en que se estaba conduciendo el gobierno de Fox.

El general secretario advirtió públicamente que aplicaría “la disciplina militar” a quienes aseguraran que el desafuero estaba dividiendo a las Fuerzas Armadas. En particular advirtió a sus antecesores Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre, secretarios de la Defensa en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, respectivamente, que de continuar opinando sobre ese tema serían sometidos al Código de Justicia Militar.

Esa incursión fue inédita para un titular de la Sedena, pero a ella lo obligó la situación política generada por el presidente Fox en su propósito de evitar que López Obrador fuera candidato a la Presidencia de la República.

En contraste, puntualiza Mónica Serrano, la agenda castrense estuvo ausente en el primer gobierno de oposición después de siete décadas de autoritarismo del PRI, en el que los militares gozaron de una amplia autonomía respecto del poder civil.

La principal expresión de esa autonomía de los militares ha sido y es su rechazo a que sea un secretario civil quien los encabece, pese a que la propia Constitución establece que el presidente de la República es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, han aumentado las presiones para que los militares mexicanos se sumen a operaciones internacionales de paz, y eso ha ocasionado división entre la Sedena y la Secretaría de Marina, que ha estado más dispuesta a participar en ejercicios navales conjuntos con otros países.

Serrano enfatiza que la falta de control civil de las Fuerzas Armadas no sólo es responsabilidad del Poder Ejecutivo –que ha sido incapaz de proponer una política de defensa en democracia–, sino también del Legislativo, donde tanto senadores como diputados han sido ajenos a la realidad y problemas de los cuerpos armados.

Para la investigadora, la decisión de Fox de desplegar al Estado Mayor Presidencial (EMP) para el control físico del Palacio Legislativo de San Lázaro días antes de su frustrado último informe de gobierno, sentó un mal precedente para la transición democrática mexicana.

En cualquier otro contexto de control civil democrático de las Fuerzas Armadas, comenta, una decisión de ese tipo por lo menos hubiera provocado asombro y “muchos habrían alzado la ceja”, si no es que habrían detenido la medida.

El hecho es que el cerco militar en torno al informe presidencial (Proceso 1557) colocó al EMP en medio de la disputa política cuando, el pasado 28 de agosto, algunos de sus elementos se enfrentaron a diputados del Partido de la Revolución Democrática.

Luego, el 1 de septiembre, día del informe, se aplicó una estrategia militar que incluyó la presencia de francotiradores y que se tradujo en un virtual estado de sitio en una amplia zona alrededor del Palacio Legislativo.

Ahora, el Estado Mayor Presidencial –al que en enero de 2004 Fox le dio un nuevo reglamento con más facultades como órgano militar y administrativo de la Presidencia de la República– ha tenido que desplegar una mayor y especial protección de Calderón ante el marcaje de que es objeto en todo el país por parte de la oposición lopezobradorista. Y para el acto de toma de posesión de Calderón, que se realizará el próximo 1 de diciembre, se espera también que eche a andar un fuerte operativo desde finales del presente mes.



Los agravios de Fox



De acuerdo con Javier Oliva Posadas, también profesor del Colegio de Defensa y coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la UNAM, lo más seguro es que durante mucho tiempo serán más rigurosos, amplios e intensos los criterios y operativos del EMP para proteger a Felipe Calderón.

La naturaleza del EMP como un cuerpo del Ejército al servicio de la Presidencia, con autonomía respecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, es precisamente uno de los temas pendientes de la transición democrática, pero difícilmente se discutirá en el corto o mediano plazo por la necesidad de Calderón de tener una mayor protección por parte de ese cuerpo del Ejército, apunta Oliva, quien ha sido profesor del actual secretario de la Defensa, general Clemente Vega García.

En la transición democrática ha existido un absoluto desentendimiento del Ejecutivo y el Legislativo sobre la situación de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo la crisis política las ha alcanzado, plantea por su parte Mónica Serrano, y precisa que eso se manifestó en la disputa por el control de la Plaza de la Constitución el 16 de septiembre, cuando se realizaron el desfile militar por el 196 aniversario de la Independencia y la Convención Nacional Democrática de Andrés Manuel López Obrador.

Y “por la manera en que se están comportando los civiles de uno y otro partido –advierte–, en algún momento se puede poner en riesgo la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Ambos están reclamando la lealtad de manera partidista. Y a pesar del avance logrado en el 2000, cuando quedó claro que los militares se mantuvieron neutrales a la alternancia en la Presidencia de la República, hoy nos preguntamos de nuevo cómo van a actuar, si bien se antepone su institucionalidad”.

El pasado 16 de septiembre, indica la investigadora, finalmente imperó la cordura en torno a los festejos de la Independencia, pero el comportamiento de las dos partes estaba poniendo en riesgo a las Fuerzas Armadas, y ahora cada una no sólo les reclama lealtad, sino que se están disputando esa lealtad en forma preocupante.

Comenta que las Fuerzas Armadas perciben y digieren lo que pasa en el país igual que nosotros, los civiles, pues las preocupaciones son las mismas. Esto, antes de plantear que la manera como se condujo el gobierno de Fox en el proceso electoral fue “absolutamente irresponsable. Hay un reclamo y un agravio que caló hondo en muchos grupos, y yo imagino que habrá ciertos sectores al interior de las Fuerzas Armadas que no habrán visto eso con buenos ojos”.

Seguramente, tampoco vieron bien algunas cosas que se hicieron de manera absolutamente irresponsable en esos meses, como aprobar la llamada Ley Televisa, porque finalmente son las instituciones del Estado las que están en juego, añade la también profesora en la Escuela Militar de Inteligencia del Centro de Estudios de la Fuerza Aérea y del Ejército.

A su juicio, la forma en que Calderón fue declarado presidente electo y la debilidad institucional dificultan la conducción de las relaciones cívico-militares en México, ya de por sí afectadas por el tema del narcotráfico, pues “cualquiera que llegue a la Presidencia tiene que estar consciente de lo que significa tener unas Fuerzas Armadas volcadas por entero al tema del narcotráfico, con los costos institucionales que eso significa por la corrupción y el abuso de derechos humanos”.

Recuerda que en varios casos, sobre todo en la represión del 2 de octubre de 1968, el Estado Mayor Presidencial ha causado daño a la imagen de las Fuerzas Armadas. Y ahora el propio Calderón tendrá presiones de la clase media que votó por él para que aplique la fuerza y mantenga lo que ese sector considera el estado de derecho.

Por otra parte, lamenta que Calderón haya cedido a “la tentación de verse en el espejismo de que fue el gran ganador de la elección presidencial”, olvidando los casi 30 millones de personas que no votaron por él.

La tentación de reprimir



La investigadora Mónica Serrano, también integrante del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, estima que la tentación de reprimir va a ser cada vez mayor, conforme los conflictos políticos se desborden.

Por ahora el centro de atención es Oaxaca y el envío de fuerzas federales, “lo que también puede dañar a las instituciones armadas”, toda vez que tanto la Marina como el Ejército tienen elementos suyos dentro de la Policía Federal Preventiva. Entre finales de septiembre y principios de octubre, la Marina incluso sobrevoló la zona de conflicto, en lo que se entendió como una advertencia de intervención militar.

La investigadora sentencia: “La incompetencia de los políticos para enfrentar situaciones como la de Oaxaca, que puede tener como salida el uso de la fuerza, les transferiría responsabilidades a los militares de manera injusta”.

Recuerda que en 2004, cuando la Academia Nacional le otorgó la Gran Orden de Reforma al general Vega, el titular de la Secretaría de la Defensa fijó su públicamente su rechazo a servir a intereses políticos: “El Ejército está por todo el territorio nacional. Sabemos lo que sucede, pero no nos corresponde a nosotros, de ninguna manera, entrar a los terrenos de la política; si bien es cierto que las Fuerzas Armadas tienen las armas, éstas son precisamente para defender a la patria, pero nunca al poder político. Vuelvo a repetir: ¡nunca al poder político!”.

El de ahora, dice Serrano, es un momento muy diferente al del 1968 e incluso al de 1994, cuando se produjo el estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Hoy cualquier militar en el mundo sabe que puede ser procesado por violaciones a los derechos humanos.

Inclusive, durante el sexenio que termina, México se adhirió a la Corte Penal Internacional, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

Pero si se opta por las acciones represivas, las Fuerzas Armadas se enfrentarán a un dilema, pues se trata de cuerpos institucionales. “La falta de acuerdos –apunta– deja a los militares en medio de la cuerda floja. Los políticos muchas veces los exponen, cuando lo que necesitan es el respaldo de decisiones que gocen de consenso. No es fácil para ellos estar en los temas controvertidos”.

Plantea que la responsabilidad del presidente en turno y del presidente electo es mayor porque uno tiene y el otro tendrá el mando del Ejército y la Marina, pero la responsabilidad en el tema de las Fuerzas Armadas no puede excluir a nadie.

El secretario de la Defensa ha sido muy criticado en algunos ámbitos por su oposición a la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones internacionales de paz. Pero sus planteamientos en relación con la política interna han sido muy sensatos, asevera.

Menciona también las declaraciones del general Vega en el Colegio Militar el pasado 4 de septiembre, cuando en medio de la crisis poselectoral y la disputa por el control del Zócalo de la Ciudad de México, al encabezar la inauguración de cursos en los planteles militares, pidió a los políticos que no llevaran la división a todos los mexicanos, incluidos los militares.

“No debemos permitir que nos dividan, no debemos permitir que nos separen. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos por la tranquilidad de la patria y su futuro”, expresó el secretario Vega García.

De acuerdo con Serrano, el mensaje fue dirigido a las dos partes: a quien tenía ocupado el Zócalo, donde se iba a realizar el desfile, pero también al principal responsable de la élite civil en el gobierno, que insistía en acudir al Zócalo la noche del 15 de septiembre, cuando la plaza seguía tomada por los simpatizantes de López Obrador.

A su vez, Javier Oliva expone que el peor mensaje para la democracia sería que las Fuerzas Armadas mexicanas salieran a las calles. Eso “daría una muestra de que nuestra estructura institucional dedicada a la democracia fracasó, que los políticos profesionales no pudieron ponerse de acuerdo y que fracasó la democracia en sí misma”.

La creación de la fiscalía especial para la “guerra sucia”, afirma, tuvo sin querer un efecto positivo porque obligó a detener la discrecionalidad de la autoridad civil sobre el poder militar. “Ahora, si pretenden pedirles que actúen contra la población civil, deben darles garantías de que no serán juzgados en los siguientes años”.

Más que una eventual orden de medidas de fuerza –dice quien ha sido profesor de varios oficiales del Ejército–, preocupa a las Fuerzas Armadas –donde se percibe a un presidente electo que, al igual que Fox, desconoce la agenda militar y de seguridad nacional— que el próximo gobierno pretenda que los militares hagan tareas que no les corresponden.

Es claro, precisa, que Calderón no tiene contacto con las Fuerzas Armadas, y eso genera incertidumbre, por los criterios con que se va a guiar para designar a los próximos secretarios de Defensa y Marina.