DESDE PROCESO...

Donaciones de tabacaleras, jineteadas en Salud
Daniel Lizárraga

Una serie de irregularidades cometidas con recursos públicos y privados en la Secretaría de Salud fue consignada en una auditoría interna que, mantenida en secreto durante meses, acaba de ser dada a conocer a este semanario. Lo peor: que los malos manejos descritos en los documentos involucran donaciones de la Philip Morris de México y la filial mexicana de British American Tobacco destinadas al financiamiento de programas de salud.

Una auditoría realizada en el interior de la Secretaría de Salud, mantenida en secreto durante varios meses, revela una presunta malversación de recursos públicos y privados por más de 164 millones de pesos que podría poner en riesgo, esta semana, la posibilidad de que el doctor Julio Frenk sea el nuevo director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la Auditoría 03/06, de la cual Proceso obtuvo copia, esa cifra fue extraída del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y entregada discrecionalmente y sin justificación a diversos proveedores: 69 millones 518 mil pesos provenían del erario, y alrededor de 95 millones eran parte de las aportaciones de la tabacalera Philip Morris de México –propiedad de Altria Group Inc. y de Carlos Slim– y la filial mexicana de British American Tobacco, luego de que ambas se habían comprometido con el gobierno mexicano, en junio de 2004, a donar 400 millones de dólares en dos años para financiar nuevos programas de salud.

En las presuntas ilegalidades cometidas resultaron involucradas la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (Ccayac), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) –como cabeza de sector– y Fonatur-BMO, una empresa de participación estatal vinculada a la Secretaría de Turismo.

En su investigación, que concluyó el pasado 10 de junio, auditores del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud describieron hechos que apuntan hacía actos de corrupción, y como primera medida recomendaron al titular de la Cofepris, Juan Antonio García Villa, recuperar de inmediato una parte de ese dinero, así como cancelar una serie de contratos para obras de construcción y mantenimiento de un laboratorio de alta especialidad en el manejo de vacunas.

Sin embargo, el dinero no se ha recuperado y, desde aquella fecha, el expediente permanece detenido dentro de la Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud, a cargo de Laura Alicia Guerrero Velázquez, en lugar de enviarse al área jurídica para fincar las responsabilidades correspondientes y abrir los juicios del caso.

Y no sólo eso, sino que a los presuntos involucrados se les ha permitido presentar pruebas en su favor, anulando así una parte de las acusaciones, de modo que, hasta ahora, se han presentado comprobantes por 18 millones 634 mil pesos correspondientes al mantenimiento “preventivo y correctivo” del laboratorio; aunque el resto del dinero, sobre todo el perteneciente a las empresas tabacaleras –que constituye 57%–, continúa sin justificarse.

Por cierto que el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Juan Antonio García Villa, ha sido un cercano colaborador de Felipe Calderón, quien lo tuvo como secretario general del PAN cuando él era el dirigente nacional del partido, y luego lo puso como subsecretario de Energía. Ambos han sido al mismo tiempo miembros del Consejo Nacional del PAN y diputados federales.

Pues bien, con el fin de que algunas de las irregularidades estuvieran lejos del alcance del público y la prensa, los directivos de Fonatur-BMO reservaron por cinco años el acceso a los contratos firmados con las autoridades de la Cofepris y la Ccayac para la reconstrucción y mantenimiento del laboratorio, pretextando que abrirlos podría poner en riesgo “la vida, la seguridad o la salud” de diversas personas, según consta en el Índice de Expedientes Reservados, bajo la custodia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

La clasificación de esos contratos –ordenada por la Gerencia Regional de la Cuenca de México de Fonatur-BMO, a cargo de Marco Tapia Cabañas– fue realizada el 26 de julio de 2006, apenas 15 días después de que un equipo de auditores de la Secretaría de Salud involucró oficialmente a esa oficina en la malversación de recursos públicos y privados.

Pero los auditores observan que a Fonatur-BMO, bajo la dirección general de Alfonso Espeleta Benítez, la Cofepris no podía otorgarle contratos para obras de construcción y mantenimiento de un laboratorio de vacunas, pues el objetivo de Fonatur-BMO es sólo la conservación, la vigilancia, el mantenimiento y la limpieza de instalaciones turísticas.

E inclusive en su página de internet, Fonatur-BMO describe así sus funciones: “Contribuir al fortalecimiento de la actividad turística, mediante la conservación y mantenimiento de centros turísticos, con el propósito de mejorar su imagen y competitividad a escala nacional e internacional, coadyuvando con ello al empleo, la captación de divisas y el fomento del desarrollo regional; así como la operación y administración de productos turísticos, como las Administraciones Portuarias Integrales”.

A los auditores les resulta incomprensible que en manos de Fonatur-BMO hayan sido puestos asuntos tan delicados como la calibración de equipo para certificar las vacunas.

Mientras en México se mantiene congelada dicha auditoría, Julio Frenk –uno de los secretarios de Estado con mayores niveles de aceptación en el gobierno de Fox y que hoy cuenta con un amplio respaldo de Felipe Calderón– emprende sus últimos movimientos para tratar de llegar a la dirección general de la OMS.

Hace tres años, Frenk estuvo a punto de ganar la votación interna y perdió en el último momento. Su segunda oportunidad será este miércoles 8 de noviembre, cuando se tiene previsto dar a conocer el nombre del nuevo titular de la Organización Mundial de la Salud.

No obstante, el pasado 24 de octubre, The Wall Street Journal publicó un reportaje según el cual las posibilidades de Frenk parecen haberse esfumado de nuevo, ahora debido a la presión ejercida por grupos antitabaco y algunos expertos en salud pública que argumentan que ese convenio con las tabacaleras socava los esfuerzos por reducir el tabaquismo.

La trampa del fideicomiso involucrado, apunta el reportaje, estaba en que las donaciones de las tabacaleras quedarían rescindidas si se autorizaban desde el gobierno nuevos impuestos a los cigarrillos o si se reducía la participación conjunta de 97% del mercado con que cuentan ambas trasnacionales.

Mientras tanto, la auditoría realizada dentro de la Secretaría de Salud describe en forma detallada la falta de control sobre el uso del dinero donado por las grandes empresas tabacaleras.



Contratos de privilegio



La investigación empezó como un simple ejercicio rutinario, sólo para cumplir con el programa anual de la Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud, hasta que, en febrero pasado, los auditores detectaron anomalías al acudir al sitio donde ya debería estar lista la remodelación del laboratorio para vacunas perteneciente a la Ccayac.

Decidieron entonces hacer un análisis minucioso de varios aspectos que dio pie a la división de la auditoría en las siguientes cinco partes: el primer contrato de obra pública; un convenio para la remodelación del laboratorio con dinero del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Tabaco; un acuerdo más para el mantenimiento de equipo altamente especializado; la construcción de aduanas en la frontera con Estados Unidos y, finalmente, la remodelación de un edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México.

Para verificar qué sucedió con esos trabajos, los auditores siguieron el rastro del dinero triangulado entre la Cofepris, la Ccayac, Fonatur-BMO y las empresas que posteriormente fueron subcontratadas.

Fue así como quedó al descubierto que, el 14 de julio de 2005, autoridades del Cofepris y la Ccayac firmaron el primer contrato con Fonatur-BMO por 34 millones 500 mil pesos para “realizar proyectos y obras”. Pero apenas 11 días más tarde, los directivos de Fonatur-BMO enviaron un escrito a la Cofepris en el cual le manifestaban su incapacidad para atender una obra de ese tipo y, sobre todo, reconocieron que no contaban con la estructura ni con el nivel técnico necesarios para hacerla.

No obstante este comunicado oficial, la subdirectora ejecutiva de Infraestructura y Diseño de la Ccayac, Katia Calderón Turegano, autorizó extender a Fonatur-BMO un cheque por 9 millones de pesos como anticipo. Este dinero se entregó el 10 de agosto de 2005, según consta en las pruebas anexadas a las conclusiones de la auditoría.

Pero eso no fue todo. Dos meses más tarde –el 9 de octubre siguiente–, la misma funcionaria, en combinación con otras autoridades de la Ccayac –cuyos nombres no precisa la investigación–, aprobó entregar todo el dinero comprometido por adelantado, hasta completar 34 millones 500 mil pesos.

Una de las anomalías consiste en que, para entonces, no existía un proyecto ejecutivo de las obras a realizar, de modo que se estaban destinando recursos públicos sin saber en qué y cómo se iban a gastar.

Para el 30 de diciembre, el director ejecutivo de Recursos Materiales y Financieros de la Ccayac, José Eduardo Morales Cuéllar, envió al área de Recursos Financieros facturas y un acta de la entrega-recepción de las obras, aunque para esa fecha los trabajos ni siquiera habían arrancado.

A esa irregularidad se agregó un convenio modificatorio con Fonatur-BMO que, fechado el 28 de diciembre, firmó su gerente de Operaciones, Gabriel Rodríguez Ramírez, y que extiende el plazo para concluir las obras hasta el 15 de marzo de 2006.

Es decir, subrayan los auditores, primero adjudicaron los trabajos a una empresa que no tenía capacidad para realizarlos y luego justificaron el dinero antes de que las obras existieran.

Por su parte, Fonatur-BMO subcontrató a la compañía Grupo González Arquitectos para elaborar el proyecto y luego ejecutarlo, en una maniobra que los mismos investigadores recomiendan valorar y que pudiera tener repercusiones penales.

Además, existen comprobantes de que Fonatur-BMO cobró aparte 261 mil 620 pesos por la “Elaboración del Estudio Básico de Marco Jurídico para el Diseño de Laboratorio y Planta Farmacéutica de la Ccayac”, el cual consiste sólo en fotocopias de leyes y diarios oficiales.



Más irregularidades



Para el siguiente contrato, la Cofepris obtuvo 95 millones de pesos provenientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Tabaco –conformado por las trasnacionales tabacaleras– para la construcción y adecuación de las instalaciones de la Ccayac, específicamente para el laboratorio donde se analizan las vacunas compradas por el gobierno.

Aun cuando Fonatur-BMO había incumplido con la obra anterior, carecía de capacidad técnica para realizarla y había incurrido en subcontratación, las autoridades de la Ccayac volvieron a solicitarle sus “servicios”.

Este nuevo contrato –firmado el 16 de noviembre de 2005– fue asignado en forma directa y sin ser sometido al Comité de Obras de la Secretaría de Salud, hecho que, de acuerdo con los auditores, y tomando en cuenta los antecedentes, es aún más grave.

Entre las irregularidades plasmadas en la segunda parte de la auditoría destaca la desaparición de 22 millones de pesos depositados como anticipo a las cuentas de Fonatur-BMO. “En este último rubro se desconoce por completo su aplicación y forma de amortización”, alertan los especialistas.

Al igual que en el primer convenio, las obras no se terminaron en el plazo fijado –el 16 de julio de 2006– y, otra vez, Fonatur-BMO subcontrató a la empresa mexicana Territorios Talleres de Arquitectura y a las compañías estadunidenses Smith Carter USA Inc. y Westec.

El dinero –donado por las tabacaleras– fue entregado por completo a Fonatur-BMO sin que existieran un programa calenderizado de las obras, un proyecto ejecutivo, programas de suministros de materiales ni los precios unitarios requeridos, señalan los investigadores, y añaden:

“En la cláusula decimotercera del contrato se designa al ingeniero Mario Alberto Pérez Arroyo como residente de obra, quien no ha desarrollado esta función y fue contratado por Cofepris para actividades distintas.”

En sus conclusiones, los auditores recomiendan que la cabeza del sector, el actual comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Juan Antonio García Villa, profundice las indagatorias entre su personal; que, en forma inmediata, exija el reintegro de 481 mil 798 pesos por IVA, indebidamente pagado a la empresa Smith Carter USA Inc., y que verifique si la empresa mexicana Territorios Taller de Arquitectura cuenta con la suficiente capacidad para las tareas programadas.

Sobre la mesa, los auditores explicaron que, conforme a los lineamientos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Tabaco, las donaciones de las empresas sólo podrán utilizarse para el tratamiento de enfermedades derivadas del tabaquismo u otros padecimientos como el VIH-sida, los cuidados intensivos neonatales, el cáncer cérvico-uterino y la leucemia linfoblástica aguda, no para la remodelación de laboratorios.