PRIMERA LLAMADA... MAGNO EVENTO... MONTERREY

ESTA ES UNA CORDIAL INVITACION, AL EVENTO REALIZADO, EN PRO DE LA AMISTAD, PARA CHAVA FLOWERS, UN GRANDISIMO AMIGO,...

LOS DATOS NO SE VEN MUY BIEN EN EL BOLANTE, ASI QUE PARA NO TENER PRETEXTO DE NO ASISTIR,...

LA CITA ES EN:

CHAC-MOOL BAR
Juan Mendez #332 Nte.
entre Espinoza y M. M. del Llano
Tel. 83-43-24-05
A PARTIR DE LAS
20:30 HRS.


MAS INFORMES:

Manuel Valenzuela Cel. 82-82-81-28-24

Bere Tamayo Cel. 81-12-36-34-75
Guadalupe Reyes Cel. 55-23-11-63-73

P.D: y al que de plano no pueda ir, se aceptan aportaciones y donativos en efectivo.

¡¡¡NO FALTES!!!

DESDE LA JORNADA... Editorial...

Bagdad: farsa sangrienta

Tras una caricatura de juicio, un tribunal de consigna, sostenido por las fuerzas extranjeras de ocupación, condenó ayer a muerte al ex presidente iraquí Saddam Hussein y repartió otras sentencias contra antiguos integrantes de su círculo de poder. En el curso del proceso no se probó la culpabilidad del gobernante depuesto. Simplemente se acataron las instrucciones procedentes de Washington para acortar o alargar la farsa judicial de acuerdo con las necesidades políticas y de relaciones públicas del presidente George W. Bush. En vísperas de las elecciones legislativas de medio periodo en Estados Unidos, se consideró pertinente inyectar algunas vitaminas propagandísticas al alicaído Partido Republicano y se echó mano de un recurso tan truculento como espectacular: ordenar que se sentenciara a Hussein a morir en la horca.

Ciertamente, el otrora hombre fuerte de Bagdad gobernó como sátrapa y cometió, desde la máxima posición de poder en Irak, innumerables crímenes y gravísimas violaciones a los derechos humanos. Era merecedor, por ello, de un juicio en un tribunal imparcial, legalmente constituido y apegado a las disposiciones de su país, o bien en una corte independiente y conforme a la legislación internacional. En cambio, el gobierno estadunidense, por medio de sus empleados locales, procedió a escenificar un proceso en el cuartel general de las fuerzas ocupantes, sin ningún respeto a las garantías legales básicas del inculpado y en un contexto bélico y anárquico que costó la vida a integrantes de la supuesta corte y a abogados de la defensa, y en el cual la administración de justicia simplemente no existe. Ayer mismo, antes de leer la condena, el encargado de ordenar la pena de muerte contra Saddam y dos de sus coacusados, Raouf Abdul-Raham, expulsó de la sala al más reconocido de los abogados defensores: el ex procurador estadunidense Ramsey Clark, quien tuvo la lucidez y el valor de señalar que aquello no era un juicio, sino una parodia.

Para mayor inverosimilitud, en la caricatura de proceso ni siquiera se examinaron los episodios en los que cabría presumir mayor responsabilidad criminal de Saddam ­como los ataques con armas químicas a la población civil del Kurdistán iraquí, la injustificada agresión bélica contra Irán, que costó millones de vidas a ambos países, o la sangrienta represión de la revuelta chiíta de 1991, entre otros­, sino que se le "juzgó" por un caso comparativamente menor, la masacre de 148 personas en la población de Dujail, en 1982, tras un intento de asesinato del entonces presidente.

No puede dejarse de lado que, en la guerra contra Irán, en la mortífera represión contra los kurdos y chiítas y en el despotismo instaurado en Irak en general, Saddam contó con la aquiescencia, si no es que con el respaldo activo, de los gobiernos republicanos de Estados Unidos, los cuales veían en la revolución islámica del país vecino el máximo peligro regional, y en el afán de contenerla auxiliaron al régimen de Bagdad con armas, asesoría y cobertura diplomática internacional.

Desde otro punto de vista, los excesos sanguinarios de Hussein fueron mucho menos graves que la invasión que lo derrocó y el régimen de ocupación que ahora, por medio de peleles locales, lo condena a muerte. Sin desconocer las razones que asistirían al pueblo de Irak ­no a sus verdugos estadunidenses­ para procesar al ex tirano, habría muchas más para llevar al propio Bush al banquillo de los acusados y procesarlo por los crímenes de guerra más atroces de cuantos han sido perpetrados en la presente década.

Desde luego, la pena de muerte es una práctica degradante, inmoral y bárbara que no debería ser empleada contra Hussein, contra Bush ni contra ningún otro ser humano, por graves que sean sus delitos.

El fallo emitido ayer, en suma, no constituye un acto de justicia; será, en caso de que se aplique, un asesinato, uno más de los cientos de miles que han perpetrado el gobierno de Bush, sus aliados extranjeros y sus empleados locales en el Irak ocupado.

Bloquean militantes del PT carretera Panamericana en Oaxaca

Demandan la renuncia de Ulises Ruiz y la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) del estado

Alberto López Morales / Corresponsal
El Universal
Juchitán, Oax
Lunes 06 de noviembre de 2006

12:46 Militantes del Partido del Trabajo bloquean desde las 11 de la mañana dos puntos de la carretera Panamericana en el la región del istmo de Tehuantepec. Demandan la renuncia de Ulises Ruiz y la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) de Oaxaca.

Mientras que los perredistas, que ayer bloquearon la carretera internacional, hoy tomaron las delegaciones de gobierno establecidas en Tehuantepec y Ciudad Ixtepec, informó Enrique Reyna Figueroa, líder del PRD.

El primer bloqueo de este lunes se instaló en el poblado de El Jicaro del municipio de Zanatepec, a unos 300 kilómetros al Sur de Oaxaca, señaló el dirigente local del PT, Arturo García Felipe.

Aproximadamente a las 11 de la mañana uno 100 campesinos petistas iniciaron el segundo bloqueo sobre la carretera Panamericana a un kilómetro de la ciudad de Juchitan.

"En las elecciones locales del 2004 hicimos una alianza con el PRI para llevar a Ulises Ruiz a la gubernatura, pero al comenzar su gobierno nos deslindamos de él, porque le falló a los oaxaqueños", precisó el líder del PT García Felipe.

A pesar de que la carretera hacia la ciudad de Oaxaca se encuentra bloqueada en la ciudad de Juchitán, los priístas de la región del istmo "nos preparamos para viajar hacia la capital del Estado y participar en la marcha a favor del gobernador Ulises Ruiz, que se realizará este martes", dijo el dirigente del priísmo Juchitepeco, Daniel Gurrión Matias.

Marchan maestros en Oaxaca para reiterar negativa a clases

Los inconformes, provenientes de ocho sectores del estado, partieron del Instituto Estatal de Educación Pública hasta la Plaza de Santo Domingo

Notimex
El Universal
Oaxaca, Oaxaca
Lunes 06 de noviembre de 2006

13:19 Alrededor de 3 mil maestros de Valles Centrales de Oaxaca marcharon para manifestar su negativa a regresar a clases, porque -según ellos- no existen las condiciones, dada la presencia del gobernador Ulises Ruiz y de la Policía Federal Preventiva (PFP) .

Los inconformes, provenientes de ocho sectores del estado y que atienden a casi 500 mil alumnos, partieron del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hasta la Plaza de Santo Domingo, por las principales calles del centro de la capital y ocasionaron caos vial.

Gritando consignas como “ con Rueda o sin Rueda, Ulises ya está afuera ” y “ ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó ” , los maestros exigen una asamblea general urgente para determinar cuáles serán los pasos a seguir en su lucha por la destitución del ejecutivo estatal.

Los profesores de casi 6 mil escuelas de la sureña región obligaron al comercio de esa importante zona a cerrar sus puertas, ante el temor de ser víctimas de agresiones y saqueos.

La marcha concluyó en la Plaza de Santo Domingo, donde hicieron un mitin en el que -a través de alta voces- exigen la salida del gobernador oaxaqueño y de los elementos de la PFP, y advirtieron que si no se da cumplimiento a sus demandas no regresarán a clases.

Las principales vías que resultaron afectadas por la marcha de los maestros fueron avenida Juárez, Morelos y García Vigil, entre otras.

En tanto, se ignora el paradero del dirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Enrique Rueda, y el vocero sindical, Daniel Rosas, pues no se encuentran en sus oficinas y tampoco contestan las llamadas telefónicas.

Buscan explosiones llamar la atención de los medios: Ebrard

Considera el jefe de gobierno electo que el incidente busca generar miedo entre la población

Fabiola Cancino
El Universal
Ciudad de México
Lunes 06 de noviembre de 2006 13:14 Para Marcelo Ebrard, jefe de gobierno electo del Distrito Federal, el objetivo de las explosiones que se registraron esta madrugada es llamar la atención de los medios de comunicación y generar miedo entre la población.

En torno a que ningún grupo se ha reivindicado las explosiones, dijo que es difícil entrar a especulaciones políticas, pero el hecho de que no se lo hayan atribuido "todavía deja muchas dudas en el ambiente".

En entrevista al termino de la sesión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, señaló que lo importante en este momento es que ya se tomaron medidas para prevenir en los próximos días "que tengamos debidamente salvaguardadas todas las instituciones estratégicas de la ciudad".

Informó que se ha mantenido en contacto desde esta mañana con Alejandro Encinas, jefe de Gobierno, así como con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Joel Ortega y Bernardo Bátiz.

Mencionó que durante el tiempo que él fue secretario de Seguridad Pública no detectaron grupos que realizaran este tipo de actos. "Obviamente aquí había un objetivo de medios, asustar, en fin crear miedo". Aseguró que estos hechos son condenables e insistió en que se deben tomar las medidas preventivas necesarias.

El presupuesto para el sector en 2007 será de $9.4 mil millones, adelanta el diputado

Fox deja las instancias culturales en franco deterioro, afirma Emilio Ulloa

Reconstruir relaciones con creadores, prioridad de la comisión legislativa, anuncia

ARTURO GARCIA HERNANDEZ

Protesta en la Cámara de Diputados de músicos integrantes de varias orquestas para exigir más recursos Foto José Antonio López

El presupuesto programado por el Ejecutivo federal para el subsector cultura en 2007 será de 9 mil 400 millones de pesos. Esto le adelantó de manera extraoficial el Secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, al presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa, durante una reunión celebrada el lunes pasado.

Aunque la cifra -de confirmarse oficialmente- representaría un aumento de 49.2 por ciento en relación con el presupuesto cultural aprobado para 2006, el legislador lo considera "evidentemente insuficiente" para revertir las carencias en el área cultural: "nosotros estamos planteando un presupuesto de 30 mil millones de pesos".

-¿Es una petición realista?

-Yo digo que sí, e incluso diría que es hasta pobre. El problema es que si los ingresos por el sector cultura representan 6.7 por ciento del producto interno bruto anual y los apoyos a ese rubro sólo son de 0.07 por ciento, no hay coherencia. No es posible que tengamos 9 mil millones nada más.

Miembro de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la 60 Legislatura, Emilio Ulloa es el primer diputado de esa agrupación que preside la Comisión de Cultura en San Lázaro.

En entrevista con La Jornada Ulloa habla de sus objetivos al frente de dicha comisión y señala que el gobierno de Vicente Fox deja las instituciones culturales en estado de franco deterioro: "No era un hombre preocupado por la cultura, no era una prioridad para él, así que puso al frente del consejo a una amiga (Sari Bermúdez) de su anterior directora de Comunicación Social y hoy esposa (Marta Sahagún). Así que no le dio el valor que merecía. Fue un sexenio perdido en términos culturales.

-¿Cuáles son los principales temas de su agenda, cuál es su plan de trabajo?

-Los tres grandes temas que yo veo son el del presupuesto, las iniciativas de ley que se encuentran en la agenda de la comisión y el tercero es reconstruir la relación con los que hacen la cultura. Esta es mi gran prioridad. Porque uno como diputado va a estar aquí tres años y se va, pero los que trabajan la cultura, los que escriben, los músicos, los grandes pensadores de este país van a seguir; entonces necesito saber qué es lo que piensan, qué necesitan y qué tenemos que hacer.

-Uno de los temas más controvertidos en la pasada legislatura fue una iniciativa de ley de cultura del Ejecutivo federal. ¿Cuál es posición al respecto?

-Evidentemente es de absoluto rechazo. Hasta donde sé, fue dictaminada y rechazada, no hay tema que tratar. Me dicen que el problema fue que la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sari Bermúdez, contrató un despacho de abogados que de cultura no saben nada.

-Aunque esa iniciativa fue rechazada, en el aire sigue la cuestión sobre la personalidad jurídica del CNCA, tema sobre el que hay muchos puntos de vista.

-Yo he tratado de ser cuidadoso, de no abrir todavía la boca, pero plantearé algunas ideas: he escuchado dos opiniones, una, sobre la necesidad de crear una Secretaría de Cultura, y otros plantean la creación de un organismo descentralizado rector de la cultura. En cualquier caso el problema es con qué marco jurídico. Tenemos qué modificar la Constitución, leyes orgánicas; entonces, ¿por qué no primero hacemos eso? El problema con el consejo es que a nivel federal se cruzan sus funciones, por ejemplo, con las del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un problema de ley orgánica que data de 1972 y necesitamos actualizarla y revisarla. Está muy desfasada y resulta que por robar una pieza arqueológica en este país se alcanza libertad bajo fianza y se paga una cantidad irrisoria. Pero insisto, me estoy retroalimentando, porque uno no termina de aprender.

-En todos estos temas usted tendrá como interlocutor a un responsable de la cultura nombrado por un gobierno surgido del Partido Acción Nacional (PAN).

-Sí, en términos de formalidad institucional, pero mi relación será fundamentalmente con los que hacen cultura. A mí me interesa saber qué piensa Monsiváis, qué piensa Poniatowska, qué piensa Krauze. Mi interlocutor de manera oficial será alguien que ponga el gobierno que encabeza el ilegítimo, y con el que voy a tener que platicar, de eso no tengo inconveniente, pero mi compromiso está con quienes hacen la cultura y viven los problemas para hacerlo.

-Una petición constante de la comunidad cultural ha sido realizar un diagnóstico sobre la cultura en México antes de legislar. ¿Usted apoyaría la realización de este diagnóstico?

-Necesitamos el diagnóstico, saber qué tenemos y qué nos falta por hacer. Puedes decir que hay que hacer una secretaría de cultura, pero no puedes crear algo así si no le has dado sustento. Hay que evitar que se legisle con criterios políticos en la cultura. Muchos políticos han utilizado la cultura para su promoción personal. No apoyan la cultura como política de estado, sino en la coyuntura de si esto me reditúa en términos de rating. Ahí está Arturo Montiel haciendo el Foro de Biarritz, o Yarrington en su momento, y a Natividad Parás, con el Gran Foro de Monterrey.

-¿El interés de usted por la cultura es auténtico?

-Naturalmente.

-¿No es la presidencia de la Comisión de Cultura un escaparate, un trampolín para su carrera política?

-No, digo, sería una deshonestidad. Yo soy un hombre que hace política y si hago un buen trabajo como presidente de la Comisión de Cultura, lo primero que me gano es el aprecio de los que viven de la cultura. Ya de perdida tengo la oportunidad de que me manden un libro o pueda leer yo algo, escuchar algo.

Emilio Ulloa también concuerda con las opiniones en el sentido de que todo intento de legislación cultural pasa por una revisión de la controvertida Ley de Medios o ley Televisa, aprobada por la anterior legislatura: "Necesitamos exigir que las televisoras privadas también atiendan políticas de Estado en materia de cultura"

DESDE VOCES DE PERIODISTAS.... A FUEGO LENTO...

Pemex y el asalto que viene
POR ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La historia de aquel quinazo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, después de que los líderes advirtieron que si PEMEX se hundía, el Presidente correría semejante suerte, parece no estar lejos de su nueva edición en el inminente gobierno de características fraudulentas electorales similares de Felipe Calderón, luego del fallido intento de Vicente Fox, cuando destapó el asunto del Pemexgate, evento que pudo significar muchas glorias políticas al entonces titular de la desaparecida Secretaría de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, por los millonarios recursos aportados vía sindical a la campaña del candidato del PRI, Francisco Labastida; pero que al final, el destape de otra cloaca como la estructurada por Lino Korrodi, llamada AMIGOS DE FOX, se convirtió en moneda de cambio para la impunidad perfecta de la jugada zediliista a favor de su seguridad de no responder sobre el atraco del Fobaproa, y su pacto de sometimiento en materia petrolera hacia los Estados Unidos.

El panorama de mantener el control nacional del sector energético (CFE Y PEMEX) en el próximo gobierno es realmente endeble, sobre todo ante la feroz arremetida que se espera en el Poder Legislativo, para que los neoliberales diputados y senadores del PRIAN, logren la ansiada modificación de los artículos 27 y 28 de la nuestra Constitución, que impiden la privatización de los recursos estratégicos, reconociendo el monopolio del Estado en actividades estratégicas. Al margen de las mitómanas “buenas intenciones” de Felipe Calderón y las referencias a la no privatización de PEMEX , los hechos como aquella reunión secreta en Canadá, la denuncia de TELEMUNDO de que las elecciones en México las robo Halliburto, tiran por los suelos cualquier credibilidad, sobre todo, cuando a lado del Presidente electo se regodea un personaje como el español Juan Camilo Mouriño denominado por la prestigiada revista Poder y Negocios, “el hombre fuerte” del michoacano, de quien, sorprendidos, los editores de The Economist, dicen: Es una de las pocas personas que le hablan al oído al presidente electo Felipe Calderón.

Los más felices con el futuro presidente y la presencia indispensable de Mouriño (a los campechanos nos recuerda similar fenómeno de Calderón con el desaparecido Carlos Castillo Peraza, en aquellos tiempos cuando López Portillo envió al yucateco, con la misión de combatir el liderazgo de Don Carlos Sansores Pérez, por medio del Diario de Campeche, historia que abundaremos en próximas colaboraciones), son los españoles, no sólo para seguir capitalizando equipos de fútbol en la primera división de la madre patria, como lo es el Celta de Vigo, actualmente propiedad del padre de Juan Camilo, sino también para abatir de la antigua colonia de la corona, la actual dependencia en la demanda de crudo y gas que sitúa a España, con un 85 por ciento en su consumo anual, según los datos estadísticos de EUROSTAT, muy por encima de la media de la Unión Europea, que fluctúa en un 56 por ciento de importación para el consumo y la industria.

Vía Internet, nos llega una información del diario Impacto del pasado 27 de septiembre en la que se denuncia -según Hugo Páez- la existencia de un operativo denominado “Relevo”, en por el cual serán despedidos cuatro mil 128 trabajadores sindicalizados de PEMEX, que laboran en seguridad de la empresa para sustituirlos por elementos militares. Se les acusa de ladrones, borrachos, drogadictos, encubridores y cómplices de líderes sindicales. El informe de inteligencia de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física a la Dirección Corporativa de Administración, clasificado como “secreto”, advierte la sustitución por etapas de trabajadores sindicalizados, debido a que por su presunta ineficiencia y corrupción ( ¿y los pitufos de confianza que son? ) resultan “altamente peligrosos” para las instalaciones y valores de la petrolera.

El documento publicado continúa con otras consideraciones que sólo pueden haber salido de la misma mente que ejecutó aquella campaña de odio y fractura nacional en contra de Andrés Manuel López Obrador, y su contenido es altamente preocupante cuando dice: “El informe de inteligencia, creado bajo el mando de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física a cargo de Rosendo Villareal Dávil,a y el general de brigada Víctor Manuel de la Peña (en poder del medio ya citado), consta de fotografías de marchas, personal de seguridad del sindicato, instalaciones y líderes de diferentes secciones del gremio. El documento en cuestión detalla que pasará el día D, al iniciar las operaciones en todas las 288 instalaciones del país.

Se describen en este documento al parecer ya borrado de la página de Internet que la primera fase será en 20 instalaciones de Guadalajara, seis de Camargo, siete de Cadereyta, 10 de Reynosa, 7 de Tampico, 15 de Salamanca, cuatro de Poza Rica, siete de Veracruz, tres de Tula, dos de San Martín Texmelucan ,10 de Ciudad del Carmen, Campeche, 10 de Villahermosa, cinco de Salina Cruz y cuatro del área metropolitana. La segunda fase, será en 81 instalaciones y la tercera en 92.

Ante tal revelación que realiza este medio, nos preguntamos al respecto: ¿Estarán enterados los líderes petroleros de tal plan?¿Su partido, el PRI, es acaso cómplice en la imfamia?

¿Será para seguir dando empleo a coreanos, venezolanos, y sajones que, según la ultima información de nuestras fuentes en Ciudad del Carmen, ingresan al país con visas de “turistas” por 14 y 28 días, con la complicidad de Migración y las autoridades de los tres niveles, para no pagar impuestos? .

¿Se estará apostando a la pasividad de los sindicalizados petroleros y por ello, Carlos Romero Deschamps no logró un cargo de elección popular?

¿Será parte del Proyecto 2030 que acaba de presentar el ex senador Carlos Medina Placencia, quien desde hace varios años está muy compenetrado en asuntos de PEMEX y mantiene un despacho camuflaje de presunta asistencia jurídica del municipio petrolero en la Isla del Carmen? ¿Será por estas causas, que se está censurando a los medios de información y periodistas independientes a los que, no descartamos, se les haya clasificado también como un peligro para el México de 2030 calderonista?

P.D.: Don Lázaro Cárdenas del Río, nacionalizó la industria petrolera. ¿Señor Cuauhtémoc, presidirá también los festejos del día “D” de la privatización?

Expertos dan por hecho la victoria demócrata en la Cámara Baja este martes

Guerra, corrupción y escándalos sexuales y religiosos disminuyen a los republicanos

En busca de triunfos el partido de Bush ha redibujado el mapa de los distritos electorales de EU

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

George W. Bush saluda a simpatizantes del Partido Republicano en un acto de campaña celebrado ayer en Grand Island, Nebraska Foto Reuters

Nueva York, 5 de noviembre. Quince y seis son los números mágicos en la elección legislativa nacional a celebrarse este martes para determinar si los republicanos mantienen el monopolio político o si los demócratas logran recuperar el control de una o ambas cámaras.

Los demócratas necesitan ganar 15 curules más en la Cámara baja y por lo menos seis en el Senado para retomar la mayoría, lo cual podría implicar, si no el fin, sí un contrapeso a la agenda política del presidente George W. Bush y su coalición neoconservadora que ha imperado sobre Washington durante los últimos cuatro años.

La totalidad de las 435 curules de la Cámara y un tercio del Senado están en juego, junto con algunas gubernaturas y otros puestos estatales y locales, además de unas 200 iniciativas (incluidas varias sobre inmigración). Los republicanos tienen todo que perder y los demócratas todo que ganar en estas elecciones que se han convertido en un tipo de referéndum sobre las políticas bélicas del presidente Bush, aunque también en algunas regiones la elección girará en cierta medida sobre temas como corrupción, migración y religión.

Encuestadores y analistas electorales indican que los demócratas lograrán recuperar la mayoría -y por lo tanto el control- de la Cámara baja, incluso algunos expertos lo dan por hecho, lo único incierto es qué tan grande será el margen de esta victoria, la cual podría ser abrumadora. En el Senado, donde los demócratas necesitan incrementar su presencia en por lo menos seis asientos, pocos se atreven a apostar pero nadie niega que lo que parecía poco probable hace sólo dos meses ahora está dentro de las posibilidades reales.

Esta elección, coinciden todos (políticos, expertos, las encuestas, los medios) está enmarcada por la guerra en Irak. Con eso, la elección también será afectada por el cúmulo de escándalos de corrupción, engaños, el temor y, al parecer más que nada, las aventuras sexuales de políticos y reverendos cercanos al poder.

Bill Clinton, ex presidente estadunidense, estuvo ayer en Newark, Nueva Jersey, para apoyar la campaña del demócrata Robert Menendez, quien busca su relección en el Senado Foto Ap

Con más de 2 mil 800 soldados estadunidenses muertos y otros 20 mil heridos, con hasta 650 mil iraquíes muertos, y con octubre como uno de los meses más mortales para las fuerzas estadunidenses en tres años y una situación en deterioro en la que algunos consideran que ya estalló una guerra civil en el país invadido, no hay buenas noticias para los republicanos en este frente.

Rebelión contra Rumsfeld

Tal vez lo más devastador para el partido en el poder es lo que algunos califican de rebelión militar contra el comandante en jefe y su equipo. El hecho de que el editorial a publicarse este lunes, un día antes de las elecciones, de los rotativos Army Times, Marine Corps Times, Air Force Times y Navy Times (periódicos privados pero de los más importantes entre las filas militares) llame a la renuncia del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, una semana después de que Bush le expresó su apoyo total es manifestación del creciente coro dentro de las fuerzas armadas contra las políticas bélicas del presidente.

Vale recordar que varios ex generales destacados, senadores y representantes vinculados con los altos mandos militares y otras figuras que expresan corrientes de opinión militar, han hecho públicas sus críticas a la guerra.

Por cierto, muchos de los candidatos republicanos han intentado evitar el tema de Irak durante semanas, aun mientras la Casa Blanca insiste en mantener la política actual calificando a todo crítico demócrata de poco patriota. Más aún, algunos republicanos han tomado la decisión de no sólo no invitar, sino buscar mayor distancia de Bush para poder ganar (según una encuesta de CBS News/New York Times de la semana pasada, el presidente goza de apenas 34 por ciento de aceptación, y con sólo 29 por ciento de aprobación a su manejo de la guerra).

A la vez, los temas gemelos de la corrupción política y la hipocresía también dañan la imagen y el poder casi invulnerable que gozaban el gobierno de Bush y los republicanos en el Congreso sólo hace unos meses.

Con una serie de investigaciones legales en curso sobre lo que se considera uno de los congresos más corruptos en décadas, con varios legisladores ya en la cárcel y otros que van rumbo a ese mismo lugar, el costo para los republicanos podría ser severo (aunque los demócratas no son inmunes a estos pecados). Según una encuesta de CBS News, 58 por ciento opina que la corrupción es amplia en el Congreso.

De hecho, en gran medida por estos escándalos, el nivel de aprobación de este Congreso es bajísimo, con apenas 16 por ciento, según encuesta de NBC News/Wall Street Journal divulgada hace un par de semanas.

A la par, la hipocresía ha provocado daños potencialmente fatales para algunos candidatos republicanos, ya que desaniman a sus bases más fieles. Sólo esta semana, con la renuncia del reverendo Ted Haggard como presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos -organización de la derecha cristiana clave para los republicanos- después de que fue acusado de contratar a un prostituto gay durante años mientras en público promovía una agenda antigay y de defensa de los "valores familiares", algunos concluyeron que Dios ayuda a los demócratas este año con ese favor.

Esto sigue el caso del representante republicano Mark Foley, quien también abandonó su intento de relección cuando fueron reveladas sus conversaciones sexuales cibernéticas con jóvenes menores de edad en el Congreso.

La lista de escándalos en el Congreso y la Casa Blanca bajo los republicanos parece crecer cada día y se agrega a las de los últimos cinco años, incluidas la respuesta federal al huracán Katrina, la filtración de la identidad secreta de una agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por parte de la Casa Blanca, la manipulación de información científica oficial para fines políticos, las violaciones a la Convenciones de Ginebra y el empleo de tortura y las maniobras electorales que podrían haber llegado a ser fraude en elecciones nacionales, entre otras.

Insatisfechos, 67% de estadunidenses

No resulta sorprendente que 67 por ciento opine que está insatisfecho del estado del país, de acuerdo con una encuesta reciente de Newsweek.

La alarma de los republicanos sobre un triunfo de los demócratas en una o ambas cámaras no sólo es por sufrir una derrota política, sino por el temor de que algunos demócratas decidirán abrir o intensificar investigaciones formales sobre la corrupción y otras maniobras potencialmente ilegales realizadas bajo el control republicano, así como también sobre temas tan controvertidos como la conducta de la guerra o la respuesta al desastre del huracán Katrina.

Y su alarma se nota, ya que han tenido que invertir millones de dólares y capital político en regiones del país que hace unas semanas se consideraban como zonas seguras para mantener el control republicano.

Ante todo esto -escándalos de corrupción, oposición creciente a la guerra, un presidente con débil apoyo, etcétera- lo más curioso es que no se pronostica una derrota histórica para los republicanos. Aunque en las elecciones nacionales de 2002 (legislativa) y 2004 (presidencial y legislativa) los republicanos evitaron pagar los costos de políticas fracasadas y escándalos al recurrir al temor ante el "terrorismo", en esta ocasión eso no está funcionando como hubieran deseado. Sin embargo, el arma secreta que favorece a los republicanos es el talento cartográfico que han aplicado durante los últimos años al redibujar el mapa de los distritos electorales para casi asegurar su triunfo electoral permanente en ciertas regiones.

Por otro lado, el sentir contra los republicanos en el Congreso no necesariamente se convierte en votos en favor de los demócratas. De hecho, aunque todas las últimas encuestas se inclinan por los demócratas, el margen entre los dos partidos se ha reducido en los últimos días. Más aún, la encuesta de CBS News revela cierta ambigüedad entre el electorado, con votantes que señalan que ninguno de los dos partidos ha presentado un plan sobre cómo gobernará si obtienen el control.

Todo dependerá de la tasa de participación en estas elecciones, de qué partido movilizará mejor a sus bases, y de quién y cómo se cuenten los votos.

Nombra Calderón a Carlos Hermosillo coordinador del área deportiva

Se integrará el ex futbolista a partir de este lunes al equipo de transición; admite que le “encantaría” presidir la Conade

Notimex
El Universal
Ciudad de México
Domingo 05 de noviembre de 2006

Presentación oficial de Carlos Hermosillo como coordinador del área deportiva del equipo de transición de Felipe Calderón(Foto: Miguel Espinoza/EL UNIVERSAL)

El presidente electo Felipe Calderón Hinojosa nombró este domingo al ex futbolista Carlos Hermosillo encargado para diseñar el plan deportivo 2006-2012.

En conferencia de prensa, el vocero del presidente electo, Maximiliano Cortázar, presentó formalmente a Carlos Hermosillo, que se integrará a partir de este lunes al equipo de transición del próximo presidente de México.

Cortázar aclaró que por el momento el ex futbolista se integrará al equipo de Políticas Públicas, que es encabezado por Ernesto Cordero, y a su debido tiempo Felipe Calderón hará el nombramiento de la Conade, aunque no admitió ni descartó la llegada de Hermosillo.

Por su parte el deportista dijo que colaborará en el equipo de trabajo, que será cauteloso y tranquilo, pero aportará su experiencia en este proyecto sin anticiparse a decisiones de Calderón; “estoy feliz”, dijo.

El ex futbolistas admitió que le “encantaría” coordinar la Conade, sin embargo, dijo que esa decisión está en manos de Felipe Calderón, la cual será respetada y sin duda “la decisión que tome será la mejor decisión para el país”.

Hermosillo quien fuera subdirector general de la Conade en el periodo 2003-2006, se congratuló por su nueva tarea dentro del equipo calderonista, se dijo convencido de que México necesita compromisos y la unidad de todos para consolidar una cultura física y del deporte en el país.

En la conferencia de prensa, a la que no asistió el presidente electo ni el coordinador del equipo de Transición, Juan Camilo Mouriño, el atleta dijo que el plan deportivo 2006-2012 estará diseñado en torno a los resultados arrojados de las mesas de consulta que se han establecido a lo largo de todo el país en el marco del proyecto “México 2030”.

RECOMENDACION...

Les recomiendo esta nota que sale hoy en EL PROCESO en su edición dominical. Me parece que debemos ponernos las pilas y aprovechar este momento histórico, que como sabemos como líder tenemos a AMLO, pero el soporte de AMLO no es ni el PRD, ni el PT, ni Convergencia, no serán más los partidos (sean del color que sean) los que sacarán a flote el país. SEREMOS NOSOTROS LOS CIUDADANOS, EL PUEBLO, INCLUSO A TRAVÉS DE LOS PARTIDOS, QUIZÁS LO SEA MÁS POR MEDIO DE LA LUCHA SOCIAL, NOSOTROS SEREMOS LOS QUE TEJEREMOS JUNTOS LA NUEVA HISTORIA DE MÉXICO.

LA LUCHA DEL PUEBLO

Enrique Maza

México parece estar cada vez más lejos de encontrar una expresión política para sus problemas sociales y de elaborar una política de reformas verdaderas y profundas para solucionarlos. Juárez, en su lucha contra los conservadores -hoy neo liberales- y los intereses extranjeros -que nos siguen exprimiendo, a través del mercado-, tuvo la convicción de que el pueblo mexicano lucharía siempre por sus derechos y su libertad.

El pueblo de Oaxaca, tierra de Juárez, ha conservado y revivido esa convicción de lucha, ante la incompetencia autoritaria del gobierno para elaborar una política fundada en los derechos democráticos y en la más elemental justicia; no en el cinismo, en la violencia, en la mentira constante y en una hipócrita cobardía. Vivimos en el deterioro del sistema político y en el abandono de una transformación social indispensable e impostergable, como la que hace falta en Oaxaca, tierra de hambre, de olvido y de represión violenta.

El movimiento de Oaxaca es legítimo y ha sido deliberadamente pacífico contra un gobernador impuesto, incapaz y violento. Pero los intereses políticos sucios se impusieron. Hace ya buen tiempo que las instituciones dejaron de servir para dar solución a las demandas sociales: empleo, salarios dignos, alimentación, tierra, justicia y un largo etcétera donde hoy prevalecen hambre, enfermedad y migración.

Hay una ruptura entre el Estado y la realidad. Y han querido parcharla con la mentira, con la hipocresía y con la represión de los movimientos y de las protestas sociales que no se integran al sistema político. Pero ya surgen los movimientos populares, como el zapatista y la APPO, que significan el surgir de la esperanza. Se suman los maestros de Michoacán.

Por el otro lado, la política -que ya no es de partidos, sino de intereses- no sabe cómo manejar un movimiento popular y pacífico de protesta legítima, si no es con la propaganda mentirosa que lo ensucia -las campañas de odio- y la represión de siempre que, al parecer, es lo único que los políticos saben hacer frente al pueblo. Vuelven tercamente a lo mismo, al intento de explicar y dominar la realidad sólo a partir de sus intereses personales de dinero y de poder, mientras cacarean su dedicación al pueblo y su devoción por la justicia social. Tratan de hacemos entender nuestra realidad desde algún supuesto sistema doctrinal que encubre el rechazo sistemático de los derechos del pueblo y la cancelación, sexenio tras sexenio, de lo que nunca convierten en realidad: empleos bien remunerados, la tierra para el campesino, la posibilidad de comer bien todos los días. Y así sin término. El poeta mexicano Enrique González Martínez lo dijo así, en su Diluvio de fuego: "Traicionásteis la vida / creyendo que era buena sólo para cantarla, / y la mentira en triunfo / entró con sus banderas desplegadas... y entonásteis el himno de la inocencia y de la gracia." El rechazo sistemático y a priori de las necesidades y de los derechos del otro -fundamentalmente del pueblo empobrecido-, y la defensa a ultranza del enriquecimiento personal y de clase, se convertido en los elementos funcionales para la toma de conciencia de la identidad política; en consecuencia, para la dirección del quehacer político. Se trata de dominar y asegurar el poder económico, político y social, para reestructurar a la sociedad acuerdo con las convicciones doctrinarias del grupo en el poder. En otras palabras acabar con la Revolución Mexicana y con lo que quede de su ideología, para reconfigurar a la sociedad y esconder sus intenciones bajo el manto de un discurso que recubra la verdad de los hechos y de las cosas con las justificaciones mentirosas de una derecha neo liberal y católica. Este parece ser el nuevo ciclo de nuestra historia. ese contexto, su política, su economía y su religión obligan a reprimir y castigar a los insumisos de Oaxaca.

Usan el lenguaje para esconder la realidad y su responsabilidad. Basta leer las patéticas declaraciones de Felipe Calderón sobre Oaxaca. Por ejemplo, dijo que el uso de la fuerza pública, el estado de derecho y la preservación del orden público son funciones primarias y esenciales de todo gobierno; sólo así los ciudadanos pueden vivir seguros con plena integridad física y patrimonial.

Eso dijo. ¿Qué tanto es el patrimonio de los oaxaqueños que viven en los municipios que constituyen 42% de los más pobres del país? Oaxaca ocupa, entre los estados de la República, el lugar 31 en acceso a los servicios médicos, el primero en mortalidad y el segundo en mortalidad infantil; el último lugar de la República en disponibilidad de servicios básicos yagua potable; tercer lugar en población analfabeta (más de 13% de su población total); cuarto lugar en deserción escolar primaria. Y estos son sólo algunos datos.

¿Conoce Calderón la realidad trágica de Oaxaca? ¿A qué seguridad patrimonial de los oaxaqueños se refiere? ¿Se está burlando? ¿Sabe de qué habla, o habla para ocultar la realidad con su discurso, como están haciendo los políticos? Dice que en primer lugar está Oaxaca. Oaxaca es una abstracción; los oaxaqueños son la realidad, una reali. dad hiriente que está entre el 60% más pobre del país. Si sabe ese dato, Calderón, ¿por qué lo oculta? Avalar la permanencia de Ulises Ruiz es avalar que se siga reprimiendo y exprimiendo el supuesto patrimonio de los más pobres del país. Si así va a ser su gobierno, estamos fritos.

Por eso son tan importantes el movimiento oaxaqueño de la APPO, el zapatismo, el apoyo de los maestros de Michoacán, la toma del Zócalo y del Paseo de la Reforma contra el fraude electoral y todos los movimientos populares no violentos que han surgido y van a surgir. No es posible ni humano que sigamos soportando el gobierno de élites neoliberales autóctonas apoyadas y dirigidas por la economía neoliberal globalizada. Hace falta esta radicalidad política popular, esta decisión inquebrantable y pacífica que le permita al pueblo escapar de su situación de pobreza y de sumisión, para hacer realidad un modelo de auténtica transformación social. Y más frente al cinismo priista y, sobre todo, a la soberbia panista, finalmente en el poder, que se pretende dueña de la verdad y que lleva a Dios amarrado a su desquite, a su avaricia y a su prepotencia.

DESDE PROCESO...

La zanahoria mediática de Calderón
Jenaro Villamil

Nota original:

Para ganarse el apoyo de los grandes concesionarios de medios y de nuevos inversionistas, el presidente electo Felipe Calderón les prometió un enorme pastel, que consiste en nuevas concesiones para frecuencias de radio y televisión, entre ellas las que conformarían una “tercera cadena televisiva”. De esta manera los incita a participar en un negocio redondo, sin regulaciones ni obstáculos que puedan limitar sus utilidades y privilegios.



En vísperas de que Felipe Calderón asuma la Presidencia de la República, su equipo proyecta una nueva alianza con los grandes empresarios de medios del país al ofrecer la disponibilidad de frecuencias para crear una “tercera y hasta cuarta cadena televisiva”, con la licitación de 170 a 200 estaciones de televisión y de 650 concesiones disponibles en Frecuencia Modulada para nuevas emisoras de radio.

El anuncio de esta disponibilidad fue formalizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en el marco de la 48 Semana de la Radio y la Televisión realizada en Cancún del 24 al 27 del presente mes por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.

El invitado estelar en esta pasarela de funcionarios ante los concesionarios fue Felipe Calderón. Sin realizar crítica alguna a la impugnada Ley Televisa –con un recurso de anticonstitucionalidad en la Suprema Corte y 48 controversias promovidas por radios indígenas y públicas– ni comprometerse a medidas antimonopolio en el marco del Acuerdo de Convergencia, el panista prometió nuevas concesiones. No señaló las medidas de regulación a las que estarían sujetas.

Anunció que promoverá tres c, de “cobertura, convergencia y competencia”, como ejes de su “nuevo modelo de medios de comunicación”, y se comprometió a lograr un buen acuerdo para garantizar la migración hacia la tecnología digital de las mil 142 concesiones de radio en AM y FM.

El panista evitó mencionar los dos temas que han producido mayor polémica en materia de telecomunicaciones: regulación en contenidos y reglas claras para impedir que las nuevas concesiones beneficien sólo a los grupos con más poder económico, al marginar a las estaciones radiofónicas pequeñas, a los medios públicos y a las radios comunitarias.

En materia de contenidos, la Comisión Federal de Competencia establecerá normas para evitar que una empresa como Televisa, dominante en materia de producción y distribución de video, aplique medidas discriminatorias o de censura en sus dos sistemas de televisión restringida (Sky y Cablevisión) que marginen a una “tercera cadena televisiva” o afecte a sus propios socios.

El monopolio de contenidos le ha permitido a Televisa relegar a competidores por medio de su sistema de televisión restringida (como ha ocurrido con Canal 40, Canal 28 o MVS), o suspender la señal de algunos canales cuando no se sujetan a sus lineamientos. Este es el caso de los noticieros de W Radio, en particular Hoy por hoy, conducido por Carmen Aristegui y que se encuentra fuera del control de Televisa. Este servicio informativo fue excluido de la programación de Sky debido a “fallas técnicas”. En dicha estación se estableció una sociedad entre la empresa de Azcárrraga Jean y el consorcio mediático español Grupo Prisa.

La SCT calcula que existe disponibilidad para licitar señales de televisión abierta en los dos sistemas existentes: el VHF (de los canales 1 al 13 correspondiente a la banda de 54 a 216 megahertz) y el UHF (de los canales 14 al 69, que funciona en la banda de 470 a 512 meghertz). Hasta ahora, sólo los canales 22, 28, 34 y 40 de la banda UHF operan como señales de televisión abierta.

Actualmente, el Canal 22 está concesionado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pero Televisa pretende controlarlo por medio de la producción de contenidos; el 40 ha pasado a manos de TV Azteca, que lo provee de contenidos. El Canal 28 fue adquirido por Olegario Vázquez Raña y ofrece contenidos elaborados por PCTV, mientras que el 34 es del gobierno del Estado de México, con una pobre producción de contenidos y que reproduce gran parte de la programación de Televisa.



Grupos dominantes



La falta de regulación colocará en desventaja a los futuros concesionarios de radio y televisión que decidan competir con los grupos dominantes. Un estudio sobre el impacto regulatorio, económico y técnico de la Ley Televisa presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación destaca que las reformas aprobadas en el Congreso benefician ampliamente al consorcio encabezado por Emilio Azcárraga Jean, que controla 259 de las 461 concesiones de televisión, y a TV Azteca, que tiene 180. Ambas empresas dominan 95% de los canales de televisión abierta.

Regionalmente, la concentración es mayor. En el Distrito Federal, la zona con mayor valor en términos comerciales, Televisa tiene canales concesionados y “espejos” que representan 65% del total de frecuencias en esa área. En la capital del país ya no existe espectro radioeléctrico suficiente para otorgar nuevas concesiones de televisión abierta.

El mismo estudio, elaborado por Clara Luz Álvarez González de Castilla, excomisionada jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Salma Leticia Jalife Villalón y Beatriz Camarena, expertas en telecomunicaciones, subraya las desventajas y “barreras de entrada” a las que se enfrentarán los nuevos concesionarios que decidan participar en la televisión abierta.

La Ley Televisa “crea costos que inhiben el ingreso de nueva inversión y nuevos prestadores de servicios al sector”. El artículo 28 de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión fortalecerá al sector concentrado en la televisión, pues sólo permitirá que ingresen nuevos competidores con dinero suficiente para participar en la licitación por subasta pública. En cambio, a Televisa y TV Azteca les garantiza automáticamente el refrendo de sus concesiones más allá de 2021, así como su ingreso al sector de telecomunicaciones sin el pago de ninguna contraprestación.

En dicho estudio se subraya que el espectro de las señales de radio y televisión es un “bien público y escaso”, pero la Ley Televisa no permite un uso más eficiente de ese espacio, le concede a Televisa quedarse con 48 megahertz de sus “canales espejo” utilizados para la digitalización y a TV Azteca con 12 megahertz. En el mercado internacional de telecomunicaciones, cada megahertz tiene un valor promedio de entre 10 y 15 millones de dólares. Es decir, las dos televisoras se quedarían con un espectro cuyo valor rebasa los 600 millones de dólares.

En materia radiofónica, las más de 600 nuevas concesiones que se licitarán bajo las reglas de la Ley Televisa reforzarán el dominio de los 10 grandes grupos radiofónicos que acaparan el mercado, en detrimento de los concesionarios pequeños y de las radios públicas y comunitarias.

Los grupos más importantes de la radio son: Radiorama, que controla 16.27% de las concesiones; ACIR, con 13.43% de las frecuencias; CIMA-Somer (Núcleo Radio Mil), con 11.88%; Radio Centro, con 8%; Grupo Promomedios, con 4.9%; Grupo Imagen, con 5%; Cadena RASA y MVS, cada uno con 4.30%, y la Organización Radio Fórmula, con casi 4%.

El subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, estima que para que los radiodifusores entren a un nuevo estándar tecnológico digital deberán invertir “alrededor de mil millones de dólares”. De entrada, esta cifra margina a las radios con menos recursos.

El 6 de octubre, en el seno de la Cofetel se formó un grupo de trabajo a fin de analizar los tres modelos de digitalización para el sector de la radio. Estos tres esquemas son: el IBOC, adoptado en Estados Unidos y que permite transmitir en el mismo canal y en la misma banda tanto para AM como para FM; el Eureka 147 que requiere del uso de una nueva banda, la de 1452-1492 megahertz, conocida como banda L, que permite ofrecer servicios de convergencia, y el DRM, basado en una tecnología que beneficia más a la onda corta y la AM.

El grupo de trabajo no ha mantenido sesiones públicas. En las deliberaciones se ha marginado a las radios comunitarias e indígenas. Tampoco se han discutido otras políticas adoptadas en países europeos y en Estados Unidos para financiar a las radios más pequeñas en el tránsito hacia la digitalización.

Un estudio elaborado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias señala que en Alemania se creó un fondo de 500 mil euros para apoyar la adquisición de receptores digitales para la población con menores recursos. En Estados Unidos se estableció un Fondo de Conversión para la Radio Digital, para apoyar a las más de mil estaciones de radio y televisión públicas, incluyendo la Radio Pública Nacional (PNR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS).



Postores

Hasta el momento, sólo el grupo Palmas 26, una sociedad formada por la cadena televisiva estadunidense Telemundo, propiedad de General Electric, y el Grupo Saba, del empresario mexicano Manuel Saba Ades, anunció públicamente su interés de participar en una nueva concesión para formar la “tercera cadena” televisiva.

La sociedad Telemundo-Saba ha enfrentado serios problemas con TV Azteca. Mantiene un litigio con la televisora de Ricardo Salinas Pliego, quien obtuvo el fallo de un juez para suspender la grabación del reality musical Quinceañera. El empresario argumentó que la productora Nostromo y el conductor Alan Tacher violaron convenios de exclusividad al irse con Telemundo.

El pasado 23 de octubre, Telemundo anunció una sorpresiva sociedad con Televisa –su exrival en el mercado de Estados Unidos a través de Univisión– para coproducir el programa Amor Mío. Para los especialistas de ese país, esta sociedad perfila el rompimiento definitivo de Televisa con Univisión, a pesar de que entre ambas empresas existe un acuerdo de programación hasta el año 2017.

Otro postor en busca de la “tercera cadena” es el Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña, que controla actualmente más de 70 emisoras de radio (20 propias y 57 afiliadas) y compró en 80 millones de dólares el Canal 28, concesionado originalmente al empresario bajacaliforniano Raúl Aréchiga.

De la mano de su buena relación con la “pareja presidencial” y, en especial, con Marta Sahagún, Vázquez Raña dio el gran salto de empresario de hospitales y hotelero a dueño de un corporativo mediático que incluye el periódico Excélsior, la cadena radiofónica Grupo Imagen, y ahora el Canal 28. Esta emisora le compra producción al Grupo PCTV, presidido por Enrique Yamuni, concesionario de Grupo Megacable.

Vázquez Raña fue uno de los principales beneficiarios del proyecto impulsado por Vicente Fox para otorgar, en agosto del año pasado, 260 nuevas concesiones de radio en FM en 134 ciudades del país. Tan sólo al dueño del Grupo Ángeles se le iban a entregar 45 de esas nuevas concesiones (Proceso 1502). Finalmente, este plan no prosperó y ahora se revive con el ofrecimiento de un paquete de más de 600 concesiones de radio que anuncian en el arranque del gobierno de Felipe Calderón.

En su número más reciente, la revista Expansión menciona a otros empresarios que buscan competir por la “tercera cadena” televisiva: el regiomontano Francisco González, dueño de Multimedios, concesionario del Canal 12 de Monterrey; Alejandro Burillo Azcárraga, dueño del grupo telefónico Pegaso y efímero presidente de Televisa en los tiempos de El Tigre Azcárraga, así como los hermanos Cañedo White, exaccionistas de Televisa, propietarios de la productora NovaMedia y del portal Alo.com, y a Francisco Ealy Ortiz, dueño del diario El Universal, que actualmente produce programas informativos para Canal 40.

Otros aspirantes a la “tercera cadena”, mencionados entre especialistas del sector de telecomunicaciones son: Joaquín Vargas, pionero en el sistema de televisión restringida vía microondas a través de Multivisión, y el exgobernador de Veracruz Miguel Alemán Velazco, quien busca una sociedad con productores de contenidos, entre ellos el radiodifusor José Gutiérrez Vivó

Calderón cumple 60 días de trabajo blindado

Los dos primeros meses como presidente electo transcurrieron entre persecuciones, una agenda reservada, giras internacionales y, sobre todo, vigilancia extrema

Sergio Javier Jiménez
El Universal
Ciudad de México
Lunes 06 de noviembre de 2006

Persecuciones de sus opositores, amenazas, encuentros cupulares, incremento en la seguridad, reuniones con líderes políticos y una agenda mantenida prácticamente en secreto caracterizaron los primeros 60 días de Felipe Calderón Hinojosa como presidente electo de México.

Fueron 60 días en los que el panista, quien ganara un proceso electoral con apenas el 0.5% de diferencia sobre su adversario Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Por el Bien de Todos, se ha visto obligado a realizar la mayoría de sus actos en auditorios cerrados, protegido por decenas y decenas de elementos de seguridad de diversas corporaciones.

Los dos primeros meses de Calderón como presidente electo también sirvieron para que el panista se encontrara con líderes políticos y grupos de poder, y para visitar en calidad de próximo mandatario a estados que le merecieron un trato deferente como Michoacán y Nuevo León (cuatro veces).

Tiempo que también aprovechó para realizar sus primeras dos giras internacionales en las que quiso dejar claro su mensaje: primero, mirar hacia Latinoamérica, y después hacia el norte, con Canadá y Estados Unidos, país que visitará este miércoles y jueves.

El panista tomó las primeras cuatro semanas para reuniones que respaldaran su discurso de campaña: el del acuerdo y la propuesta de gobierno de coalición. Pero también para manifestar su disposición a trabajar con los grupos de poder y expresar su respeto a las Fuerzas Armadas del país, la Marina y el Ejército.

Aprovechó esos días para reunirse con líderes políticos, empresarios de medios de comunicación, banqueros, industriales, inversionistas y organizaciones sindicales.

El siguiente mes, a partir de octubre y lo que va de noviembre, lo usó para hacer reajustes a su equipo de transición, encabezado por Juan Camilo Mouriño, al cual se unieron Jorge Alcocer, como enlace legislativo; Agustín Carstens, en temas de Hacienda, y Carlos Medina, con el proyecto México 20-30. Ayer domingo se integró el futbolista Carlos Hermosillo como responsable del área deportiva.

Buscar legitimidad, objetivo

Al siguiente día de ser declarado presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (6 de septiembre), Calderón se reunió con los líderes de cuatro partidos que le otorgaron su respaldo: PVEM, PAN, Alternativa y Panal, no así PRI ni PRD.

El PRI esperó para encontrarse en privado con Calderón y los perredistas han optado por no reconocer hasta el momento al michoacano como futuro presidente.

Ya desde antes, a la siguiente semana de las elecciones del 2 de julio, Calderón había comenzado a buscar el reconocimiento de diversas organizaciones, e incluso hubo dirigentes sindicales que lo reconocieron como triunfador.

De los primeros en levantarle la mano estuvieron, el 18 de julio, los integrantes de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana; al día siguiente, el 19, fue el líder de los ferrocarrileros, Víctor Flores; y a la siguiente semana, el 25 de julio, con Elba Esther Gordillo, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien lo calificó como presidente electo.

A partir del 6 de septiembre Calderón dedicó cuatro fechas al tema de seguridad. El 12 desayunó con el secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot, en privado; el 14 con el titular de la Sedena; el 18 con el titular de la Secretaría se Seguridad Pública federal y el 20 visitó las instalaciones del Cisen.

También comenzó sus primeros viajes. Dos días después de ser declarado presidente electo, viajó a Michoacán, a un encuentro con sus compañeros de partido, y el 23 fue a Torreón, la tierra del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Zermeño. En ambos eventos las protestas perredistas dieron la nota. En Michoacán, Calderón fue prácticamente perseguido por las protestas del PRD y en Torreón los inconformes le arrojaron huevos a su llegada.

El 11 de septiembre se encontró en Nuevo Vallarta con los miembros de la Conago. A Monterrey viajó en dos ocasiones (15 y 24 de septiembre), donde lo recibió el mandatario priísta Natividad González Parás.

Así transcurrió el primer mes de Calderón, vigilado, protegido, a veces correteado por perredistas y otras arropado por mandatarios del PRI y en menor medida del PAN.

La seguridad de Calderón Hinojosa se convirtió en tarea primordial. Desde la primera semana como presidente electo, las banquetas de la calle de San Francisco, en la colonia Insurgentes San Borja, donde despacha, comenzaron a ser vigiladas por personal de la Agencia Federal de Investigación, la Policía Federal Preventiva, la policía del Distrito Federal, un cuerpo de seguridad privado y el Estado Mayor Presidencial (EMP).

Así, todos los días lo acompañan, además de los 14 elementos del EMP, un médico especialista del Hospital Militar y una enfermera con cargo también del EMP.

México al 2030

Durante el último mes, Calderón ideó un proyecto con el cual se granjearía el aval de los gobernadores: el proyecto México 20-30 con el cual pretende recabar propuestas para el país a cumplir en el año 2030.

Con este proyecto (cuyo antecedente propuesto por Fox fracasó) ha organizado cuatro reuniones: Monterrey, Mérida, el estado de México y Jalisco, a las que han asistido 23 gobernadores. En Jalisco lo respaldaron tres mandatarios del PRD: Amalia García, Zeferino Torreblanca y Lázaro Cárdenas, de Zacatecas, Guerrero y Michoacán.

También hizo dos giras internacionales, una por todo Centro y Sudamérica -donde visitó nueve países, entre ellos Chile, Brasil y Argentina- y una más a Canadá. El próximo miércoles irá a Washington.

Calderón espera que el 1 de diciembre, como dijo en Monterrey el 31 de octubre, sea "un día divertido".

DESDE PROCESO...

Donaciones de tabacaleras, jineteadas en Salud
Daniel Lizárraga

Una serie de irregularidades cometidas con recursos públicos y privados en la Secretaría de Salud fue consignada en una auditoría interna que, mantenida en secreto durante meses, acaba de ser dada a conocer a este semanario. Lo peor: que los malos manejos descritos en los documentos involucran donaciones de la Philip Morris de México y la filial mexicana de British American Tobacco destinadas al financiamiento de programas de salud.

Una auditoría realizada en el interior de la Secretaría de Salud, mantenida en secreto durante varios meses, revela una presunta malversación de recursos públicos y privados por más de 164 millones de pesos que podría poner en riesgo, esta semana, la posibilidad de que el doctor Julio Frenk sea el nuevo director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la Auditoría 03/06, de la cual Proceso obtuvo copia, esa cifra fue extraída del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y entregada discrecionalmente y sin justificación a diversos proveedores: 69 millones 518 mil pesos provenían del erario, y alrededor de 95 millones eran parte de las aportaciones de la tabacalera Philip Morris de México –propiedad de Altria Group Inc. y de Carlos Slim– y la filial mexicana de British American Tobacco, luego de que ambas se habían comprometido con el gobierno mexicano, en junio de 2004, a donar 400 millones de dólares en dos años para financiar nuevos programas de salud.

En las presuntas ilegalidades cometidas resultaron involucradas la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (Ccayac), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) –como cabeza de sector– y Fonatur-BMO, una empresa de participación estatal vinculada a la Secretaría de Turismo.

En su investigación, que concluyó el pasado 10 de junio, auditores del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud describieron hechos que apuntan hacía actos de corrupción, y como primera medida recomendaron al titular de la Cofepris, Juan Antonio García Villa, recuperar de inmediato una parte de ese dinero, así como cancelar una serie de contratos para obras de construcción y mantenimiento de un laboratorio de alta especialidad en el manejo de vacunas.

Sin embargo, el dinero no se ha recuperado y, desde aquella fecha, el expediente permanece detenido dentro de la Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud, a cargo de Laura Alicia Guerrero Velázquez, en lugar de enviarse al área jurídica para fincar las responsabilidades correspondientes y abrir los juicios del caso.

Y no sólo eso, sino que a los presuntos involucrados se les ha permitido presentar pruebas en su favor, anulando así una parte de las acusaciones, de modo que, hasta ahora, se han presentado comprobantes por 18 millones 634 mil pesos correspondientes al mantenimiento “preventivo y correctivo” del laboratorio; aunque el resto del dinero, sobre todo el perteneciente a las empresas tabacaleras –que constituye 57%–, continúa sin justificarse.

Por cierto que el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Juan Antonio García Villa, ha sido un cercano colaborador de Felipe Calderón, quien lo tuvo como secretario general del PAN cuando él era el dirigente nacional del partido, y luego lo puso como subsecretario de Energía. Ambos han sido al mismo tiempo miembros del Consejo Nacional del PAN y diputados federales.

Pues bien, con el fin de que algunas de las irregularidades estuvieran lejos del alcance del público y la prensa, los directivos de Fonatur-BMO reservaron por cinco años el acceso a los contratos firmados con las autoridades de la Cofepris y la Ccayac para la reconstrucción y mantenimiento del laboratorio, pretextando que abrirlos podría poner en riesgo “la vida, la seguridad o la salud” de diversas personas, según consta en el Índice de Expedientes Reservados, bajo la custodia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

La clasificación de esos contratos –ordenada por la Gerencia Regional de la Cuenca de México de Fonatur-BMO, a cargo de Marco Tapia Cabañas– fue realizada el 26 de julio de 2006, apenas 15 días después de que un equipo de auditores de la Secretaría de Salud involucró oficialmente a esa oficina en la malversación de recursos públicos y privados.

Pero los auditores observan que a Fonatur-BMO, bajo la dirección general de Alfonso Espeleta Benítez, la Cofepris no podía otorgarle contratos para obras de construcción y mantenimiento de un laboratorio de vacunas, pues el objetivo de Fonatur-BMO es sólo la conservación, la vigilancia, el mantenimiento y la limpieza de instalaciones turísticas.

E inclusive en su página de internet, Fonatur-BMO describe así sus funciones: “Contribuir al fortalecimiento de la actividad turística, mediante la conservación y mantenimiento de centros turísticos, con el propósito de mejorar su imagen y competitividad a escala nacional e internacional, coadyuvando con ello al empleo, la captación de divisas y el fomento del desarrollo regional; así como la operación y administración de productos turísticos, como las Administraciones Portuarias Integrales”.

A los auditores les resulta incomprensible que en manos de Fonatur-BMO hayan sido puestos asuntos tan delicados como la calibración de equipo para certificar las vacunas.

Mientras en México se mantiene congelada dicha auditoría, Julio Frenk –uno de los secretarios de Estado con mayores niveles de aceptación en el gobierno de Fox y que hoy cuenta con un amplio respaldo de Felipe Calderón– emprende sus últimos movimientos para tratar de llegar a la dirección general de la OMS.

Hace tres años, Frenk estuvo a punto de ganar la votación interna y perdió en el último momento. Su segunda oportunidad será este miércoles 8 de noviembre, cuando se tiene previsto dar a conocer el nombre del nuevo titular de la Organización Mundial de la Salud.

No obstante, el pasado 24 de octubre, The Wall Street Journal publicó un reportaje según el cual las posibilidades de Frenk parecen haberse esfumado de nuevo, ahora debido a la presión ejercida por grupos antitabaco y algunos expertos en salud pública que argumentan que ese convenio con las tabacaleras socava los esfuerzos por reducir el tabaquismo.

La trampa del fideicomiso involucrado, apunta el reportaje, estaba en que las donaciones de las tabacaleras quedarían rescindidas si se autorizaban desde el gobierno nuevos impuestos a los cigarrillos o si se reducía la participación conjunta de 97% del mercado con que cuentan ambas trasnacionales.

Mientras tanto, la auditoría realizada dentro de la Secretaría de Salud describe en forma detallada la falta de control sobre el uso del dinero donado por las grandes empresas tabacaleras.



Contratos de privilegio



La investigación empezó como un simple ejercicio rutinario, sólo para cumplir con el programa anual de la Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud, hasta que, en febrero pasado, los auditores detectaron anomalías al acudir al sitio donde ya debería estar lista la remodelación del laboratorio para vacunas perteneciente a la Ccayac.

Decidieron entonces hacer un análisis minucioso de varios aspectos que dio pie a la división de la auditoría en las siguientes cinco partes: el primer contrato de obra pública; un convenio para la remodelación del laboratorio con dinero del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Tabaco; un acuerdo más para el mantenimiento de equipo altamente especializado; la construcción de aduanas en la frontera con Estados Unidos y, finalmente, la remodelación de un edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México.

Para verificar qué sucedió con esos trabajos, los auditores siguieron el rastro del dinero triangulado entre la Cofepris, la Ccayac, Fonatur-BMO y las empresas que posteriormente fueron subcontratadas.

Fue así como quedó al descubierto que, el 14 de julio de 2005, autoridades del Cofepris y la Ccayac firmaron el primer contrato con Fonatur-BMO por 34 millones 500 mil pesos para “realizar proyectos y obras”. Pero apenas 11 días más tarde, los directivos de Fonatur-BMO enviaron un escrito a la Cofepris en el cual le manifestaban su incapacidad para atender una obra de ese tipo y, sobre todo, reconocieron que no contaban con la estructura ni con el nivel técnico necesarios para hacerla.

No obstante este comunicado oficial, la subdirectora ejecutiva de Infraestructura y Diseño de la Ccayac, Katia Calderón Turegano, autorizó extender a Fonatur-BMO un cheque por 9 millones de pesos como anticipo. Este dinero se entregó el 10 de agosto de 2005, según consta en las pruebas anexadas a las conclusiones de la auditoría.

Pero eso no fue todo. Dos meses más tarde –el 9 de octubre siguiente–, la misma funcionaria, en combinación con otras autoridades de la Ccayac –cuyos nombres no precisa la investigación–, aprobó entregar todo el dinero comprometido por adelantado, hasta completar 34 millones 500 mil pesos.

Una de las anomalías consiste en que, para entonces, no existía un proyecto ejecutivo de las obras a realizar, de modo que se estaban destinando recursos públicos sin saber en qué y cómo se iban a gastar.

Para el 30 de diciembre, el director ejecutivo de Recursos Materiales y Financieros de la Ccayac, José Eduardo Morales Cuéllar, envió al área de Recursos Financieros facturas y un acta de la entrega-recepción de las obras, aunque para esa fecha los trabajos ni siquiera habían arrancado.

A esa irregularidad se agregó un convenio modificatorio con Fonatur-BMO que, fechado el 28 de diciembre, firmó su gerente de Operaciones, Gabriel Rodríguez Ramírez, y que extiende el plazo para concluir las obras hasta el 15 de marzo de 2006.

Es decir, subrayan los auditores, primero adjudicaron los trabajos a una empresa que no tenía capacidad para realizarlos y luego justificaron el dinero antes de que las obras existieran.

Por su parte, Fonatur-BMO subcontrató a la compañía Grupo González Arquitectos para elaborar el proyecto y luego ejecutarlo, en una maniobra que los mismos investigadores recomiendan valorar y que pudiera tener repercusiones penales.

Además, existen comprobantes de que Fonatur-BMO cobró aparte 261 mil 620 pesos por la “Elaboración del Estudio Básico de Marco Jurídico para el Diseño de Laboratorio y Planta Farmacéutica de la Ccayac”, el cual consiste sólo en fotocopias de leyes y diarios oficiales.



Más irregularidades



Para el siguiente contrato, la Cofepris obtuvo 95 millones de pesos provenientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Tabaco –conformado por las trasnacionales tabacaleras– para la construcción y adecuación de las instalaciones de la Ccayac, específicamente para el laboratorio donde se analizan las vacunas compradas por el gobierno.

Aun cuando Fonatur-BMO había incumplido con la obra anterior, carecía de capacidad técnica para realizarla y había incurrido en subcontratación, las autoridades de la Ccayac volvieron a solicitarle sus “servicios”.

Este nuevo contrato –firmado el 16 de noviembre de 2005– fue asignado en forma directa y sin ser sometido al Comité de Obras de la Secretaría de Salud, hecho que, de acuerdo con los auditores, y tomando en cuenta los antecedentes, es aún más grave.

Entre las irregularidades plasmadas en la segunda parte de la auditoría destaca la desaparición de 22 millones de pesos depositados como anticipo a las cuentas de Fonatur-BMO. “En este último rubro se desconoce por completo su aplicación y forma de amortización”, alertan los especialistas.

Al igual que en el primer convenio, las obras no se terminaron en el plazo fijado –el 16 de julio de 2006– y, otra vez, Fonatur-BMO subcontrató a la empresa mexicana Territorios Talleres de Arquitectura y a las compañías estadunidenses Smith Carter USA Inc. y Westec.

El dinero –donado por las tabacaleras– fue entregado por completo a Fonatur-BMO sin que existieran un programa calenderizado de las obras, un proyecto ejecutivo, programas de suministros de materiales ni los precios unitarios requeridos, señalan los investigadores, y añaden:

“En la cláusula decimotercera del contrato se designa al ingeniero Mario Alberto Pérez Arroyo como residente de obra, quien no ha desarrollado esta función y fue contratado por Cofepris para actividades distintas.”

En sus conclusiones, los auditores recomiendan que la cabeza del sector, el actual comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Juan Antonio García Villa, profundice las indagatorias entre su personal; que, en forma inmediata, exija el reintegro de 481 mil 798 pesos por IVA, indebidamente pagado a la empresa Smith Carter USA Inc., y que verifique si la empresa mexicana Territorios Taller de Arquitectura cuenta con la suficiente capacidad para las tareas programadas.

Sobre la mesa, los auditores explicaron que, conforme a los lineamientos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Tabaco, las donaciones de las empresas sólo podrán utilizarse para el tratamiento de enfermedades derivadas del tabaquismo u otros padecimientos como el VIH-sida, los cuidados intensivos neonatales, el cáncer cérvico-uterino y la leucemia linfoblástica aguda, no para la remodelación de laboratorios.

DESDE ESPAÑA... PARA REFLEXIONAR.....

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Domingo 9 de octubre de 2005.

DESDE PROCESO...

Descontento militar

Jorge Carrasco Araizaga

Nota original:

En el marco de la crisis que afecta a Oaxaca, expertos en cuestiones militares advierten a Proceso que en el sector circulan diversas preocupaciones e inconformidades. Una, que el presidente Vicente Fox deterioró la imagen de neutralidad de las Fuerzas Armadas, en casos como el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el “estado de sitio” al Palacio Legislativo de San Lázaro; otra, que la cuestionada legitimidad de Felipe Calderón como presidente electo coloca a la institución armada en medio de dos bandos que le reclaman lealtad.

La presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública de México va en ascenso. Al contrario de otros países, donde la democratización llevó a un repliegue de la milicia, el desinterés del gobierno de Vicente Fox por la agenda castrense y la cuestionada legitimidad de Felipe Calderón como presidente electo tienen a los militares cada vez más expuestos a la coyuntura política, señalan expertos consultados por Proceso.

Desde hace años, dicen, el Ejército interviene en tareas contra el narcotráfico y la inseguridad, pero durante el foxismo un general participó, a la cabeza de la PGR, en el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador; el Estado Mayor Presidencial reforzó la vigilancia de Felipe Calderón por el conflicto poselectoral; fuerzas castrenses intervinieron en el control del Palacio Legislativo de San Lázaro, y ahora existe la preocupación ante la posibilidad de que emprendan acciones militares por la incapacidad de la clase política para detener el escalamiento de los conflictos.

Tales son las mayores inquietudes expresadas por especialistas que participan en la formación académica de oficiales del Ejército y la Marina, e inclusive comentan que, tras las elecciones del 2 de julio, las partes confrontadas reclaman para sí la lealtad de las Fuerzas Armadas, colocándolas en la disputa política y poniendo en riesgo su neutralidad.

Mónica Serrano, profesora e investigadora del Colegio de México y maestra en el Colegio de Defensa de la Sedena, expresa que la llegada de Fox a la Presidencia no se tradujo siquiera en un intento de “avanzar en el control civil de las Fuerzas Armadas, esencial en una transición democrática”.

Al contrario, aumentaron su presencia en ciertos ámbitos y, durante buena parte del sexenio, controlaron la Procuraduría General de la República, donde, a instancias del presidente Fox, el general retirado Rafael Macedo de la Concha condujo el proceso de desafuero contra López Obrador, afirma la también investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford.

La gran paradoja, agrega, fue que el margen de prerrogativas de los militares se amplió con la llegada formal de la democracia, pues, por ejemplo, “nunca habíamos tenido a un procurador militar como responsable de administrar y procurar justicia a los civiles”.

Así mismo, el intento de desafuero desembocó en una intervención directa del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, quien tuvo que salir al paso de las extendidas versiones sobre la inconformidad en un sector del Ejército por la manera en que se estaba conduciendo el gobierno de Fox.

El general secretario advirtió públicamente que aplicaría “la disciplina militar” a quienes aseguraran que el desafuero estaba dividiendo a las Fuerzas Armadas. En particular advirtió a sus antecesores Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre, secretarios de la Defensa en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, respectivamente, que de continuar opinando sobre ese tema serían sometidos al Código de Justicia Militar.

Esa incursión fue inédita para un titular de la Sedena, pero a ella lo obligó la situación política generada por el presidente Fox en su propósito de evitar que López Obrador fuera candidato a la Presidencia de la República.

En contraste, puntualiza Mónica Serrano, la agenda castrense estuvo ausente en el primer gobierno de oposición después de siete décadas de autoritarismo del PRI, en el que los militares gozaron de una amplia autonomía respecto del poder civil.

La principal expresión de esa autonomía de los militares ha sido y es su rechazo a que sea un secretario civil quien los encabece, pese a que la propia Constitución establece que el presidente de la República es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, han aumentado las presiones para que los militares mexicanos se sumen a operaciones internacionales de paz, y eso ha ocasionado división entre la Sedena y la Secretaría de Marina, que ha estado más dispuesta a participar en ejercicios navales conjuntos con otros países.

Serrano enfatiza que la falta de control civil de las Fuerzas Armadas no sólo es responsabilidad del Poder Ejecutivo –que ha sido incapaz de proponer una política de defensa en democracia–, sino también del Legislativo, donde tanto senadores como diputados han sido ajenos a la realidad y problemas de los cuerpos armados.

Para la investigadora, la decisión de Fox de desplegar al Estado Mayor Presidencial (EMP) para el control físico del Palacio Legislativo de San Lázaro días antes de su frustrado último informe de gobierno, sentó un mal precedente para la transición democrática mexicana.

En cualquier otro contexto de control civil democrático de las Fuerzas Armadas, comenta, una decisión de ese tipo por lo menos hubiera provocado asombro y “muchos habrían alzado la ceja”, si no es que habrían detenido la medida.

El hecho es que el cerco militar en torno al informe presidencial (Proceso 1557) colocó al EMP en medio de la disputa política cuando, el pasado 28 de agosto, algunos de sus elementos se enfrentaron a diputados del Partido de la Revolución Democrática.

Luego, el 1 de septiembre, día del informe, se aplicó una estrategia militar que incluyó la presencia de francotiradores y que se tradujo en un virtual estado de sitio en una amplia zona alrededor del Palacio Legislativo.

Ahora, el Estado Mayor Presidencial –al que en enero de 2004 Fox le dio un nuevo reglamento con más facultades como órgano militar y administrativo de la Presidencia de la República– ha tenido que desplegar una mayor y especial protección de Calderón ante el marcaje de que es objeto en todo el país por parte de la oposición lopezobradorista. Y para el acto de toma de posesión de Calderón, que se realizará el próximo 1 de diciembre, se espera también que eche a andar un fuerte operativo desde finales del presente mes.



Los agravios de Fox



De acuerdo con Javier Oliva Posadas, también profesor del Colegio de Defensa y coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la UNAM, lo más seguro es que durante mucho tiempo serán más rigurosos, amplios e intensos los criterios y operativos del EMP para proteger a Felipe Calderón.

La naturaleza del EMP como un cuerpo del Ejército al servicio de la Presidencia, con autonomía respecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, es precisamente uno de los temas pendientes de la transición democrática, pero difícilmente se discutirá en el corto o mediano plazo por la necesidad de Calderón de tener una mayor protección por parte de ese cuerpo del Ejército, apunta Oliva, quien ha sido profesor del actual secretario de la Defensa, general Clemente Vega García.

En la transición democrática ha existido un absoluto desentendimiento del Ejecutivo y el Legislativo sobre la situación de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo la crisis política las ha alcanzado, plantea por su parte Mónica Serrano, y precisa que eso se manifestó en la disputa por el control de la Plaza de la Constitución el 16 de septiembre, cuando se realizaron el desfile militar por el 196 aniversario de la Independencia y la Convención Nacional Democrática de Andrés Manuel López Obrador.

Y “por la manera en que se están comportando los civiles de uno y otro partido –advierte–, en algún momento se puede poner en riesgo la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Ambos están reclamando la lealtad de manera partidista. Y a pesar del avance logrado en el 2000, cuando quedó claro que los militares se mantuvieron neutrales a la alternancia en la Presidencia de la República, hoy nos preguntamos de nuevo cómo van a actuar, si bien se antepone su institucionalidad”.

El pasado 16 de septiembre, indica la investigadora, finalmente imperó la cordura en torno a los festejos de la Independencia, pero el comportamiento de las dos partes estaba poniendo en riesgo a las Fuerzas Armadas, y ahora cada una no sólo les reclama lealtad, sino que se están disputando esa lealtad en forma preocupante.

Comenta que las Fuerzas Armadas perciben y digieren lo que pasa en el país igual que nosotros, los civiles, pues las preocupaciones son las mismas. Esto, antes de plantear que la manera como se condujo el gobierno de Fox en el proceso electoral fue “absolutamente irresponsable. Hay un reclamo y un agravio que caló hondo en muchos grupos, y yo imagino que habrá ciertos sectores al interior de las Fuerzas Armadas que no habrán visto eso con buenos ojos”.

Seguramente, tampoco vieron bien algunas cosas que se hicieron de manera absolutamente irresponsable en esos meses, como aprobar la llamada Ley Televisa, porque finalmente son las instituciones del Estado las que están en juego, añade la también profesora en la Escuela Militar de Inteligencia del Centro de Estudios de la Fuerza Aérea y del Ejército.

A su juicio, la forma en que Calderón fue declarado presidente electo y la debilidad institucional dificultan la conducción de las relaciones cívico-militares en México, ya de por sí afectadas por el tema del narcotráfico, pues “cualquiera que llegue a la Presidencia tiene que estar consciente de lo que significa tener unas Fuerzas Armadas volcadas por entero al tema del narcotráfico, con los costos institucionales que eso significa por la corrupción y el abuso de derechos humanos”.

Recuerda que en varios casos, sobre todo en la represión del 2 de octubre de 1968, el Estado Mayor Presidencial ha causado daño a la imagen de las Fuerzas Armadas. Y ahora el propio Calderón tendrá presiones de la clase media que votó por él para que aplique la fuerza y mantenga lo que ese sector considera el estado de derecho.

Por otra parte, lamenta que Calderón haya cedido a “la tentación de verse en el espejismo de que fue el gran ganador de la elección presidencial”, olvidando los casi 30 millones de personas que no votaron por él.

La tentación de reprimir



La investigadora Mónica Serrano, también integrante del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, estima que la tentación de reprimir va a ser cada vez mayor, conforme los conflictos políticos se desborden.

Por ahora el centro de atención es Oaxaca y el envío de fuerzas federales, “lo que también puede dañar a las instituciones armadas”, toda vez que tanto la Marina como el Ejército tienen elementos suyos dentro de la Policía Federal Preventiva. Entre finales de septiembre y principios de octubre, la Marina incluso sobrevoló la zona de conflicto, en lo que se entendió como una advertencia de intervención militar.

La investigadora sentencia: “La incompetencia de los políticos para enfrentar situaciones como la de Oaxaca, que puede tener como salida el uso de la fuerza, les transferiría responsabilidades a los militares de manera injusta”.

Recuerda que en 2004, cuando la Academia Nacional le otorgó la Gran Orden de Reforma al general Vega, el titular de la Secretaría de la Defensa fijó su públicamente su rechazo a servir a intereses políticos: “El Ejército está por todo el territorio nacional. Sabemos lo que sucede, pero no nos corresponde a nosotros, de ninguna manera, entrar a los terrenos de la política; si bien es cierto que las Fuerzas Armadas tienen las armas, éstas son precisamente para defender a la patria, pero nunca al poder político. Vuelvo a repetir: ¡nunca al poder político!”.

El de ahora, dice Serrano, es un momento muy diferente al del 1968 e incluso al de 1994, cuando se produjo el estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Hoy cualquier militar en el mundo sabe que puede ser procesado por violaciones a los derechos humanos.

Inclusive, durante el sexenio que termina, México se adhirió a la Corte Penal Internacional, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

Pero si se opta por las acciones represivas, las Fuerzas Armadas se enfrentarán a un dilema, pues se trata de cuerpos institucionales. “La falta de acuerdos –apunta– deja a los militares en medio de la cuerda floja. Los políticos muchas veces los exponen, cuando lo que necesitan es el respaldo de decisiones que gocen de consenso. No es fácil para ellos estar en los temas controvertidos”.

Plantea que la responsabilidad del presidente en turno y del presidente electo es mayor porque uno tiene y el otro tendrá el mando del Ejército y la Marina, pero la responsabilidad en el tema de las Fuerzas Armadas no puede excluir a nadie.

El secretario de la Defensa ha sido muy criticado en algunos ámbitos por su oposición a la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones internacionales de paz. Pero sus planteamientos en relación con la política interna han sido muy sensatos, asevera.

Menciona también las declaraciones del general Vega en el Colegio Militar el pasado 4 de septiembre, cuando en medio de la crisis poselectoral y la disputa por el control del Zócalo de la Ciudad de México, al encabezar la inauguración de cursos en los planteles militares, pidió a los políticos que no llevaran la división a todos los mexicanos, incluidos los militares.

“No debemos permitir que nos dividan, no debemos permitir que nos separen. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos por la tranquilidad de la patria y su futuro”, expresó el secretario Vega García.

De acuerdo con Serrano, el mensaje fue dirigido a las dos partes: a quien tenía ocupado el Zócalo, donde se iba a realizar el desfile, pero también al principal responsable de la élite civil en el gobierno, que insistía en acudir al Zócalo la noche del 15 de septiembre, cuando la plaza seguía tomada por los simpatizantes de López Obrador.

A su vez, Javier Oliva expone que el peor mensaje para la democracia sería que las Fuerzas Armadas mexicanas salieran a las calles. Eso “daría una muestra de que nuestra estructura institucional dedicada a la democracia fracasó, que los políticos profesionales no pudieron ponerse de acuerdo y que fracasó la democracia en sí misma”.

La creación de la fiscalía especial para la “guerra sucia”, afirma, tuvo sin querer un efecto positivo porque obligó a detener la discrecionalidad de la autoridad civil sobre el poder militar. “Ahora, si pretenden pedirles que actúen contra la población civil, deben darles garantías de que no serán juzgados en los siguientes años”.

Más que una eventual orden de medidas de fuerza –dice quien ha sido profesor de varios oficiales del Ejército–, preocupa a las Fuerzas Armadas –donde se percibe a un presidente electo que, al igual que Fox, desconoce la agenda militar y de seguridad nacional— que el próximo gobierno pretenda que los militares hagan tareas que no les corresponden.

Es claro, precisa, que Calderón no tiene contacto con las Fuerzas Armadas, y eso genera incertidumbre, por los criterios con que se va a guiar para designar a los próximos secretarios de Defensa y Marina.